El voto como mecanismo de lucha

Por. Lauren Caballero

Para algunos resulta contradictorio que se siga insistiendo en la necesidad de votar en un momento donde es evidente que nos enfrentamos a un gobierno que no es democrático. Suena más descabellado aún, puesto que ayer el TSJ al servicio del gobierno, sentenció que la victoria electoral de las fuerzas democráticas en la Universidad de Carabobo, queda sin efecto, a la vez que promovían a la candidata del PSUV como ganadora.

Pues bien, quisiera explicar brevemente por qué esta situación hace del voto un mecanismo de lucha primordial.

En primera instancia es preciso señalar que el voto, bajo regímenes autoritarios, no tiene la misma lógica que en una democracia. Lo que el voto persigue en un escenario como el que vive nuestro país hoy, es fracturar al bloque de poder hegemoníco, es decir, el voto es un elemento que puede ser eficaz (como lo ha demostrado la evidencia empírica) para catalizar un proceso de transición hacia la democracia, que no un simple cambio de gobierno. Una votación masiva contra la tiranía obliga al gobierno a tomar decisiones que incrementan sus costos de permanencia. Por ejemplo, si no son capaces de evitar que la gente participe en la elección y los resultados arrojados por el conteo de votos son adversos, seguramente tendrán que decidir entre negociar su salida o hacer fraude para permanecer en el poder. Si acceden a la primera opción, en ese momento empieza la transición, pero si deciden, como es probable, hacer fraude y alterar el resultado, sus costos de permanencia se elevarían y esto podría llevar a que los actores que sustentan al bloque hegemoníco (Fuerza Armada, agentes del régimen de alto nivel etc) retiren su apoyo a los cabecillas de la tiranía y negocien una salida por separado con las fuerzas democráticas, y allí comenzaría otro tipo de proceso transicional.

El caso de la Universidad de Carabobo es aleccionador por varios motivos: primero, porque permitió demostrar, una vez más, que la oposición es una mayoría significativa. Segundo, porque se demostró también que, aún bajo circunstancias de violencia y enfrentándo a malandros armados bajo la protección del poder gubernamental, es posible derrotar, mediante el voto y la organización ciudadana, a la tiranía. En tercer lugar, porque la derrota electoral obligó al régimen a elevar sus costos de permanencia mediante una sentencia ilegal de la sala electoral del tsj (en minúsculas). Hoy la UC es un foco de resistencia cuya representación estudiantil tiene legitimidad ante los ojos de todo el país democráticos y, probablemente, ante la Comunidad Internacional.

Imaginemos por un segundo que se da un escenario parecido al de la UC pero a nivel nacional y que la gente está organizada y dispuesta a defender su victoria ¿Qué cree usted que pasaría? ¿Por cuánto tiempo cree que podría la FA reprimir a todo un pueblo que exigiría sus derechos, probablemente, en las calles? ¿No cree usted que el cálculo racional llevaría a algunos generales a negociar una transición para salvar ellos mismos su pellejo? ¿Cuántos de los que hoy apoyan a Maduro y su pandilla seguirían haciéndolo a sabiendas de que fueron derrotados electoralmente?

Es cierto que para generar estos escenarios hace falta organización y claridad en los objetivos que se persiguen. Los ciudadanos deben tener conciencia de cómo se llevaría a cabo el proceso para que las negociaciones no puedan ser usadas por sectores maximalistas de la misma oposición como una acusación de traición hacia los negociadores. Y, más importante aún, gente debe estar dispuesta a luchar en bloque por la restitución de la democracia y la vuelta a la libertad, sus derechos más preciados.

Las elecciones de diciembre, si bien carentes del aura transicional de una elección presidencial, son una buena oportunidad para la organización popular y la generación de conciencia en torno al poder del voto en circunstancias como la actual. Queda en manos del liderazgo político lograr convencer y motivar a los ciudadanos para que se unan a esta difícil tarea de luchar unidos para salvarnos como nación.

La jugada de la oposición frente a la Constituyente de Maduro.

Desde el año pasado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha venido cerrándole las puertas a los procesos electorales. Se negó el referéndum revocatorio y se suspendieron las elecciones de gobernadores, las cuales debían realizarse en el mes de diciembre. Estos hechos ponen de manifiesto que existe una fuerte inclinación a obstaculizar, cercenar y hasta negar la posibilidad de que los venezolanos puedan elegir a sus representantes, tal y como establece la Constitución venezolana.  

Frente a esta realidad, la oposición ha optado por convocar a los ciudadanos para que ejerzan el derecho de protesta pacífica como mecanismo de presión que obligue al CNE a hacer un llamado a elecciones. Los resultados de estas manifestaciones han sido terribles para el gobierno: pronunciamientos por parte de la comunidad internacional; división profunda de las bases del “chavismo”; se le ha comenzado a llamar “Dictadura”; hay renuencia por parte de sectores financieros internacionales para otorgar prestamos al Estado; distintas personalidades que antes eran iconos del chavismo se han pronunciado en contra de las acciones de Maduro, entre ellas, la Fiscal General de la República, quien afirmó que se había roto el hilo constitucional, y el director de orquestas, Gustavo Dudamel, quien ha llamado recientemente a detener la represión; el hijo del defensor del pueblo le pidió rectificar; militares se han negado a cumplir órdenes de arremeter contra las manifestaciones etc.

Pero todo lo anterior pareciera no importarle mucho al presidente de la República y al sector que lo acompaña en el poder, pues en lugar de reflexionar con respecto a estos acontecimientos, ha decidido impulsar una nueva arremetida.

Una esplendida jugada

En vista de que a todas luces la legitimidad del actual gobierno se encuentra altamente deteriorada, los asesores del presidente han decidido recomendarle recurrir a un mecanismo establecido en el Constitución para intentar legitimarse mientras se siguen postergando los procesos electorales. Así fue como surgió la idea de la “constituyente”. Una constituyente sectorial donde el gobierno es el que decide quienes pueden votar y quienes pueden postularse para ser elegidos como constituyentitas, es la jugada perfecta. Pero hay un problema: lo que el presidente le ha planteado al país –no podía ser de otra forma debido a que el gobierno carece de una base popular cuantitativamente amplia–  es inconstitucional.

Por qué es inconstitucional el llamado de Maduro

PRIMERO: el presidente puede -y está facultado constitucionalmente para- tomar la iniciativa de convocar a un proceso constituyente, tal y como lo establece el artículo 347 del texto constitucional. Sin embargo, no puede el presidente imponerle una nueva Constitución al pueblo, ni modificarla, sin someter a consulta la medida. Es por ello que debe recurrir al soberano, mediante la figura del referéndum consultivo, para que sea el pueblo de Venezuela, en votación universal, directa y secreta, quien decida si quiere, o no, ir a un proceso para modificar las bases constitucionales de la República.

SEGUNDO: el presidente no está facultado para ser él quien pone las reglas  del juego de forma unilateral. Esto es una atribución del poder electoral y, en todo caso, le correspondería al CNE, en su papel de árbitro, sentar las bases para un proceso de este tipo.

TERCERO: en Venezuela no existe la elección de segundo grado ni el sistema electoral es corporativista, por consiguiente, la propuesta que hace el presidente para que los diputados a la constituyente sean electos mediante votación exclusiva de algunos sectores (Consejos Comunales, Comunas, CLAP, UBCH, “trabajadores de la patria” etc.) es inconstitucional y atenta contra el principio de soberanía popular establecido en el artículo quinto del texto fundamental de la República.

CUARTO: La constituyente no puede ser un mecanismo para entorpecer los procesos electorales que están vencidos, mucho menos los que están programados para este año. Antes de ir a una Asamblea Nacional Constituyente, se debe cumplir con los procesos electorales que están en el cronograma.

A pesar de todo esto, el gobierno cuenta con elementos fácticos para imponer esta decisión: Controla al TSJ, tiene el respaldo de cierto sector de la fuerza armada (así en minúsculas), controla en alguna medida al CNE y tiene un aparato comunicacional/propagandístico de considerable tamaño y con una eficacia importante.

Qué puede hacer la oposición al respecto

Los acontecimientos de los últimos meses han puesto al descubierto el “talón de Aquiles” del gobierno. Se trata del temor evidente a la voluntad popular; el temor a medirse en elecciones. Es por ello que pretende recurrir a un proceso de elecciones en cual se restringe el derecho al sufragio a determinados sectores donde el gobierno siente que tiene el control.

Como es evidente, el gobierno no va a someter a consulta popular su propuesta. Sin embargo, la oposición sí puede someter la propuesta del gobierno a consulta popular. Veamos que establece la Constitución al respecto:

Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.

El artículo anterior es de extremo valor en este momento por lo siguiente: ya dijimos que el presidente no sometería a aprobación del pueblo su propuesta debido a que no cuenta con el apoyo popular necesario para ello. Sabemos también que la AN, según sentencia del TSJ, está en “desacato” y, por consiguiente, no se puede promover el referéndum consultivo desde la Asamblea. Sin embargo, ni el presidente, ni el CNE, ni el TSJ, pueden negarle al pueblo que organice un proceso de recolección de firmas para activar el referéndum consultivo.

Seguir derrotando moralmente al adversario.

El gobierno y sus asesores han vuelto a calcular mal con esta nueva jugada. Le acaban de dar las bases a la oposición para que convoque a una consulta popular, que de realizarse, representaría una enorme derrota para la llamada Revolución.

Pero ¿Qué pasa si el gobierno se niega a consultar a los venezolanos mediante este mecanismo? Si el gobierno se niega (bien sea porque el CNE afirma que las firmas recogidas son falsas, o porque el TSJ emite una sentencia diciendo que esto no procede) la moral del régimen seguirá desmoronándose, ya que se evidenciará más claramente la negativa del gobierno para someterse al juicio del soberano, lo cual aceleraría  mucho más el proceso de desgaste de su legitimidad hasta un punto que le será imposible gobernar. 

Por otro lado, esta acción le permitirá a la oposición seguir movilizando a los ciudadanos manteniendo viva la llama que motiva a sus seguidores. Hay que tener presente que "la calle", tal y como está planteada hasta ahora, corre el riesgo de desgastarse a medida que va pasando el tiempo. Si la callé se apaga y no se consigue más que un saldo lamentable de muertos, lo único que se habrá logrado con ella, será desmotivar a la gente.

Como vemos, en este escenario las cosas pueden complicarse bastante para el gobierno. Es por ello que, sin abandonar la protesta pacífica y otros mecanismos de presión, esta debe ser la jugada de la oposición en el marco de la estrategia para debilitar aún más al gobierno. Mientras esto se hace, hay que ir abriendo espacios de diálogo para que, de ser posible, se produzca una negociación que permita salir de la crisis de una forma menos traumática para el pueblo venezolano. El estratega militar y escritor de El Arte de la Guerra, Sun Tzu, nos dice que “Hay que dejarle salida al enemigo cercado.”Porque de lo contrario este luchará  con todas sus fuerzas y será más difícil de derrotar.

La idea es entender la actual coyuntura como un juego de estrategia en el que deben ser tomadas en cuenta todas las fichas sobre el tablero. Los regímenes autoritarios se derrumban por su incapacidad para mantener la moral de sus filas en alto y por sus bajos niveles de legitimidad, lo cual ocasiona que las fuerzas que los sostienen cambien de posición. 

Próximamente seguiremos reflexionando al respecto.

Sobre la salida de Venezuela de la OEA

“La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes.” Martin Luther King.

Vivimos en un mundo interconectado, y lo que pasa en un extremo del globo terráqueo repercute, bien sea de forma directa o indirecta, para bien o para mal, en toda la estructura internacional. Cuando un gobierno viola los derechos humanos de sus ciudadanos; cuando les niega el derecho a la libre expresión del pensamiento; cuando persigue y tortura a sus detractores; cuando les niega el alimento y las medicinas… es evidente que este gobierno es una amenaza, no solo para su propio pueblo, sino para la humanidad.

La pseudodiplomacia del régimen del presidente Nicolás Maduro comete un grave error si cree que denunciando la Carta de la OEA, va a escapar de sus obligaciones para con la comunidad internacional. Venezuela no es Cuba. El gobierno de la isla fue expulsado de la organización en 1962 porque sus bases ideológicas eran incompatibles con los principios del sistema interamericano. La Cuba de los años 60 era un país poco relevante para los intereses estratégicos de los estados del hemisferio, exceptuando Estados Unidos debido al capital estadounidense invertido por transnacionales en territorio cubano. Se pensó entonces, que el aislamiento de Cuba era un mecanismo idóneo para evitar que todo el continente se “infectara con el comunismo soviético”. Con el tiempo se demostraría que esto fue un error.

En el caso venezolano  hay muchos más intereses en juego. Se trata de un país con un potencial económico como el de ningún otro en la región: en Venezuela yacen las reservas de petróleo más grandes del mundo, reservas de uranio en cantidades considerables, coltán, oro, diamantes, agua etc.  Además es la puerta de entrada a Suramérica, lo cual quiere decir que geopolíticamente su ubicación es estratégica para el comercio, tanto a nivel caribeño, como a nivel subregional. Se trata de una economía que ronda los 330.000 millones de dólares según datos del Fondo Monetario Internacional. Es evidente que un país con estas características no puede estar aislado del mundo.

Lamentablemente, aislar a Venezuela de la comunidad internacional, es lo que pretende el gobierno. Quienes ejecutan la política exterior venezolana creen que pueden convertir al país en la North Corea del continente Americano. Se equivocan.

Un dato curioso es que ni siquiera la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, con todo su talante represivo y autoritario, consideró jamás salirse de la OEA. Guardaban las apariencias, tanto así que hasta organizaron la X Conferencia Interamericana en la ciudad de Caracas en el año 1954.

ES UNA DECISIÓN SOBERANA

El gobierno arguye que la salida de la OEA se trata de una decisión soberana, y que el motivo por el cual se retira a Venezuela de la organización intergubernamental, es debido a que el mismo es un organismo "injerencista". Pero ¿es esto cierto?

No. El concepto de soberanía no puede ser utilizado por ningún gobierno para dejar de cumplir con sus obligaciones internacionales. La idea que el gobierno pretende imponer sobre este concepto es muy parecida, sino identifica, a la visión que tenían gobiernos como el de Hitler, cuyos juristas apelaban a la soberanía alemana para justificar sus desmanes, argumentando que se trataba de decisiones soberanas.

Hoy en día es aceptado universalmente por las naciones civilizadas que la soberanía no es un concepto absoluto, y que cuando un Estado se obliga por un tratado, dicho Estado debe cumplir con lo pactado. De hecho se trata de un principio fundamental del derecho internacional conocido como "Pacta Sunt Servanda" que traducido del latín al castellano quiere decir (Lo pactado obliga). 

De lo anterior se deduce lógicamente, que no existe ningún tipo de injerencia ni de violación a la soberanía, cuando los Estados integrantes de la OEA le exigen al gobierno venezolano que cumpla con las obligaciones que contrajo al adherirse al tratado constitutivo de la organización (Carta de la OEA), o cuando recurren a la Carta Democrática Interamericana para intentar ayudar a la solución del conflicto por el cual atraviesa el país. 

CONTINUACIÓN DE LA RUPTURA DEL HILO CONSTITUCIONAL

El retiro de la OEA atenta contra el espíritu progresista de nuestra constitución y pone en evidencia el talante antidemocrático de quienes gobiernan. Esta organización es una instancia internacional que al transcurrir de los años, ha venido posicionándose como un importante espacio para la defensa de los derechos de los pueblos americanos. Se trata nada menos que de la más antigua organización internacional de carácter regional. Es también un organismo que cuenta con un sistema sumamente avanzado en materia jurídica y de DDHH. Con relación a esto último podemos decir que la pretensión del gobierno de abandonar el histórico espacio, constituye una  violación  de la Constitución Nacional en su Art. 23 el cual le da rango constitucional y considera de aplicación preferencial a aquellos  pactos,  tratados o convenios internacionales ratificados por la República en materia de derechos humanos.  Salirse de la OEA implica también la ruptura total con el ordenamiento jurídico interamericano y el rechazo a la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un terrible retroceso para nuestro pueblo. 

Se estaría violando también el artículo 153 de la Constitución, el cual establece que "La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones...", principio establecido también en el preámbulo de nuestro texto fundamental, lo cual hace de la integración regional  un rasgo fundamental del espíritu de nuestro ordenamiento jurídico.

NO DEBEMOS PERMITIRLO

Los venezolanos debemos rechazar de forma categórica, enérgica y activa, la pretensión del gobierno de aislar al pueblo venezolano en perjuicio de sus derechos fundamentales. Solo un gobierno irresponsable intenta escapar de sus obligaciones. La OEA es parte de nuestra historia diplomática, hemos dado en ella grandes batallas por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la integración.

En ella criticamos la intromisión de EEUU en Guatemala en 1954 (en plena dictadura de MPJ), promovimos la ruptura de relaciones diplomáticas con gobiernos de facto mediante la llamada “Doctrina Betancourt”, rechazamos la invasión norteamericana a República Dominicana en 1965,  Granada en 1983 y Panamá en 1989. Más recientemente, en 2009, el presidente Chávez y su canciller, Nicolás Maduro, promovieron la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la suspensión de Honduras de la organización, debido al golpe de Estado llevado a cabo en ese país contra el presidente Manuel Zelaya.

Como es evidente, el anuncio de la ministra Delcy de sacar a Venezuela de la OEA, representa un retroceso sin precedentes para el país y los derechos de sus ciudadanos. Es una decisión contraria a nuestra  tradición en materia de política exterior y representa, en ultima instancia, un entado contra el pueblo venezolano y su historia. Por eso, los venezolanos no debemos permitirlo. 

¿Es un delito que los diputados a la AN hagan Política Internacional?

Recientemente el diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ha hecho públicas unas declaraciones en la cuales afirma que asistirá de nuevo a la OEA para pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Ante esta postura el gobierno de Venezuela ha emprendido una serie de acciones, algunas de carácter jurídico y otras de índole propagandística, con el fin de criminalizar las  acciones de aquellos diputados que pretendan hacer política internacional, catalogando a las mismas de “usurpación de funciones” y “traición a la patria”. Ahora bien, a la luz del derecho y de las leyes venezolanas,  ¿es un delito que un diputado haga política internacional? En las próximas líneas responderemos con claridad a esta pregunta.

Pero para poder dar respuesta a esta interrogante es preciso que primero hagamos un breve repaso de algunos conceptos básicos, así como también una sucinta lectura de algunos artículos del texto constitucional vigente.

1)      Actor Internacional: según la concepción clásica de las relaciones internacionales el actor fundamental de la sociedad internacional es el Estado, sin embargo, esto no excluye la existencia de otros actores internacionales tales como: las organizaciones internacionales al estilo de la ONU y la OEA; las ONG e incluso los propios individuos.

2)      Política Exterior: se trata de una política pública formulada y ejecutada por el Estado que tiene como objetivo fundamental satisfacer los intereses estratégicos del mismo.

3)      Política Internacional: se refiere al conjunto de acciones de carácter político que emprende un determinado actor en el marco de la sociedad internacional para lograr un fin específico. También se conoce como política internacional a la interacción de las diferentes políticas exteriores de los Estados que integran la sociedad internacional.

Teniendo claros estos conceptos básicos procedamos ahora a  analizar el texto constitucional:

                Lo primero a lo que debemos hacer referencia es al hecho de que el Poder Legislativo es una de las ramas que integran el Poder Público Nacional, tal y como lo establece el artículo 136 constitucional, el cual reza textualmente:

El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.

Que el Poder Legislativo haya sido colocado en primer lugar no es una casualidad, hace referencia a que a lo largo de la historia muchos pensadores  han considerado al parlamento como el depositario de la Soberanía. Pero continuemos con el tema que nos ocupa. El artículo 156 constitucional enumera las competencias del Poder Publico Nacional y en su primer numeral establece que es de la competencia del mismo “La política y la actuación internacional de la República”.

Pues bien, si la política y la actuación internacional de la República son competencias del Poder Público Nacional y si este a su vez está conformado por el Legislativo, el Ejecutivo, El Judicial, el Ciudadano y el Electoral, es evidente que todas estas ramas tienen competencia para llevar a cabo acciones políticas de carácter internacional. Esto ha quedado demostrado en la práctica por la participación de personalidades como la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz y la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia,  en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, sin que esto signifique que los mismos hayan incurrido en usurpación de funciones o en el delito de traición a la patria.

La confusión podría presentarse por la mala interpretación del artículo 236 constitucional en cuyo numeral cuarto (4) se establece que es una atribución del presidente “dirigir las relaciones exteriores de la República”. Pues bien, nótese que el constituyente fue cuidadoso de la terminología utilizada para hacer referencia a esta competencia exclusiva del ejecutivo nacional. En efecto, es una atribución del Presidente de la República dirigir y ejecutar la política exterior del Estado. Pero como ya hemos visto, la política exterior es una política pública que se proyecta hacia el exterior en procura de satisfacer los intereses del Estado, y se diferencia de la política internacional en tanto y en cuanto ésta última puede ser desarrollada por cualquiera de los actores que interactúan en el seno de la sociedad internacional.

Usurpación de funciones sería entonces que algún diputado, sin estar debidamente investido, firmara algún tratado internacional en nombre del Estado venezolano o que un diputado pretendiera asumir las funciones del embajador de Venezuela en Francia, por poner un par de ejemplos.

Como es evidente, no es un delito que un diputado a la Asamblea Nacional haga política internacional debido a que, según establece el texto constitucional, es una de sus atribuciones como miembro del Poder Publico Nacional.

En el ojo del Huracán Revolucionario: datos para entender este desastre

La revolución

En los últimos 17 años la configuración del poder a lo interno del Estado venezolano y la relación de fuerzas en pugna entre los dos grandes bloques que conforman el espectro político venezolano, han estado signadas por un enfrentamiento abierto entre los que promueven una nueva identidad nacional surgida de rebuscadas interpretaciones históricas, y quienes en el otro lado de la acera, se oponen diametralmente a ello.  
 

Una posible solución a la situación de inestabilidad política y de crisis socioeconómica  por la que atraviesa el país se hace mucho más complicada en tanto y en cuanto quienes intentan imponer a toda costa el nuevo modelo - socialismo del siglo XXI – resultan estar influenciados por un sincretismo ideológico de no poca importancia: este sector ha bebido de la pluma de Marx, Hegel, Schmitt, Mao Zedong, Zamora, Simón Rodríguez y Simón Bolívar (y de las interpretaciones que de estos personajes se hacen).

Para quienes gobiernan es algo normal el sufrimiento por el que atraviesan los pueblos en los que se imponen las políticas y los métodos que se han venido desarrollando en Venezuela. Todo esto forma parte del plan maestro para alcanzar la sociedad comunista y la suprema felicidad del pueblo. En este plan la idea fundamental consiste en destruirlo todo para luego reconstruirlo todo desde cero a imagen y semejanza de lo que enseñan los manuales del siglo XIX; destruir la historia para imponer otra, escrita a conveniencia de la nueva élite. Para esto recurren a la idea de Mao de “Revolución Permanente”, inventan un enemigo  – en el caso venezolano este enemigo es la contrarrevolución identificada en las filas de la oposición – y se apoyan en la idea de que la política es una relación amigo / enemigo siguiendo las lógicas del jurista alemán Carl Schmitt. En consecuencia, revolución permanente, significa lucha o guerra permanentes.

En una entrevista con el escritor francés André Malraux, Mao afirmó:

El pensamiento, la cultura y las costumbres que llevaron a China al punto en el que la encontramos hoy tienen que desaparecer, y surgir el pensamiento, las costumbres y la cultura de la China proletaria, que no existe todavía. {…} el pensamiento, las costumbres y la cultura deben nacer de la lucha, y la lucha debe seguir mientras permanezca el peligro de volver al pasado.[1]

Hay que construir la sociedad socialista, aunque esto implique destruir la sociedad en general, y con ella a destruir también a aquellos que hacen cultura y para los cuales la sociedad tiene sentido, los seres humanos.

El  conflicto permanente

Como se dijo anteriormente, la idea de revolución permanente no es otra cosa más que la idea de lucha o guerra permanente. Esto se debe a varias razones:

• La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que quienes se hacen llamar revolucionarios, suelen llegar al poder por la fuerza o mediante la utilización de mecanismos contrarios a los parámetros democráticos. Bien sea porque la revolución intenta derrocar a un régimen no democrático; o porque quienes encabezan la misma utilizan el término como una simple tapadera para dar un golpe de Estado; o bien porque han sido influenciados por movimientos revolucionarios ajenos a la propia realidad nacional en la cual se pretende llevar a cabo la revolución.   

• Otra razón por la cual se recurre a este mecanismo, es porque una vez establecidos en el poder y habiendo controlado el aparato represivo del Estado, quienes encabezan la revolución siempre estarán en ventaja sobre quienes se oponen a ella en el campo militar. De esta forma si se califica al adversario político como “enemigo” y se le vende como una “amenaza para la patria”, se puede recurrir a la fuerza cuando sea necesario para mantener el control del poder. 

• Por último, si se llegase a perder el control político del Estado, se podría seguir recurriendo a la fuerza para legitimar la lucha por el poder, ya que quien gobernaría sería el “enemigo” y los “traidores a la patria y la revolución”.

Pues bien, desde la llegada al poder de la “Revolución Bolivariana” se han tomado en cuenta todos estos supuestos y se han venido aplicando, ya en estos últimos días descaradamente, con el objetivo de que la revolución se eternice al frente del Estado. 

Por esto es que se ha recurrido a ideologizar y entrenar a la Fuerza Armada en tácticas de guerra no convencional o de guerrillas, y se han creado cuerpos paramilitares.

La oposición

La oposición venezolana es diversa y compleja. En su seno interactúan una amplia diversidad de concepciones ideológicas, modelos económicos, concesiones políticas y visiones de país que en muchos casos contrastan. 

La actuación de este sector ha tenido sus altos y bajos a lo largo de los últimos 17 años, siendo su mejor momento el actual debido, entre otros elementos, a la baja popularidad del gobierno.

Desde un punto de vista estratégico su debilidad principal radica en lo que es su mayor fortaleza, es decir, en la diversidad de sus filas. En el marco de un modelo democrático sano en el cual se respetan las garantías constitucionales y el derecho y la justicia privan por sobre la diatriba del poder, esta característica de la oposición habría que celebrarla a como dé lugar. Sin embargo, la actual realidad venezolana no es esta. 

Venezuela atraviesa por un proceso de fragmentación social e hiperpolarización política  sumamente delicado, en el cual impera una visión dicromática de la realidad, afectando esto de manera significativa la cultura democrática del venezolano. Así pues, la opinión pública del país  pretende que las acciones de los actores que integran cada uno de los bandos sean  lineales y automáticas. Esto quiere decir que si el gobierno dice “A” la oposición debe responder automáticamente ubicándose en el otro extremo “Z”. No hay cabida para el resto del abecedario; quien se atreve a decir “C” puede ser tildado por sectores de oposición como “traidor” pues la “C” está mucho más cerca de la “A” que de la “Z”, y viceversa. Lamentablemente esta “anticultura política” es mucho más sencilla de modificar dando el ejemplo desde el gobierno que desde otro espacio. 

En estos casos las oposiciones deben trazarse una estrategia de coherencia político-discursiva que permita la cohesión de sus adeptos y la motivación de su fuerza popular con miras a mantener la presión de las masas en contra del régimen de turno.

Hay que prepararse incluso para el ejercicio estratégico del poder en el marco de un posible gobierno de transición hacia la democracia. Lo más probable es que en este escenario quienes actualmente ostentan el poder, pasen a una insurrección paramilitar armada con características guerrilleras a la que habrá que hacerle frente. Este será, posiblemente, uno de los efectos primarios de los coletazos del Huracán Revolucionario. Por ello la importancia de que en el discurso opositor exista un puente tendido constantemente hacia los militares, baluartes de la institucionalidad, garantes de la soberanía y custodios de la constitucionalidad.

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[1] André Malraux: Antimemorias, Círculo de Lectores, Barcelona (1992)

El derrumbe de la república milico-populista

Desde la llegada al poder del teniente coronel Hugo Chávez Frías en el año 1999,  Venezuela se ha ido convirtiendo paulatinamente en un país controlado casi en su totalidad, y en detrimento de las grandes mayorías civiles, en una república pretoriana en la que los militares imponen su voluntad con mucha facilidad. En el marco de un discurso populista se comenzó a hablar sin tapujos de “unión cívico-militar”, pero la verdad es que lo que se construyo fue el camino hacia un régimen militarista con cierto apoyo civil. Un régimen que, al contrario de lo que la mayoría pudiera pensar, no está a cargo de Nicolás Maduro, sino de un conjunto de actores, en su mayoría militares, a los cuales llamaremos en este artículo “La Junta Antipatriótica”.

                Donde quiera que uno mire se encuentra con un militar al mando de una institución pública. Basta fijarse solo en los gobernadores de estado - en su mayoría militantes del PSUV - para darse cuenta del alto grado de exclusión que sufren los civiles a la hora de formar parte de la toma de decisiones, y esto es así sin importar si se es afecto al gobierno u opositor, pues la militancia civil del chavismo ha sido, como es evidente, excluida también de la toma de decisiones.

                Por si fuese poco, son los militares los encargados de distribuir los pocos alimentos y medicinas que llegan a los hogares de las familias pobres de Venezuela, tal y como quedó plasmado en el decreto Nº 11 dictado en el marco de la “emergencia económica” y en cuyo primer artículo se puede leer lo siguiente:

“La unión cívico militar implica el aprovechamiento de la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio del país, su organización y disciplina, en actividades y tareas de apoyo al abastecimiento nacional de productos estratégicos para la garantía de los derechos a la alimentación y la salud de los venezolanos y las venezolanas, así como la protección y resguardo de los bienes y servicios afectos a dichas actividades, en aplicación del principio de corresponsabilidad en la defensa de la seguridad de la nación fundamentada en el desarrollo nacional integral, en el cual la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe participar activamente.”

También tienen los militares participación privilegiada en la explotación de los recursos mineros, petrolíferos y gasíferos de la república, sin mencionar que son los militares los dueños de las armas y demás artefactos coercitivos del Estado venezolano.

Es importante tener claro todo este panorama para poder entender la complejidad de la actual situación política por la que atraviesa el país. Nos encontramos en una situación en la que cualquier paso en falso podría resultar desastroso.

Aquellos militares que han abandonado el cauce institucional para incursionar en la rebatiña de Venezuela no entregaran tan fácilmente aquello que han conseguido en estos últimos 17 años de república milico-populista, es por ello que la presión pacifica en la calle y la denuncia constante de las transgresiones constitucionales cometidas por el gobierno, es tan importante en este momento.

El escenario ha venido cambiando paulatinamente. El juego ahora favorece a las grandes mayorías en Venezuela, pues la base popular con la que contaba La Junta Antipatriótica  se ha ido socavando. El pueblo ha ido despertando poco a poco de la larga siesta ideológica inducida por la propaganda del régimen, y a este despertar popular le temen los hacedores de miserias, los hambreadores del pueblo.

En este escenario una cosa esta clara: el fin de la república milico-populista esta cerca. El pueblo ya no apoya a sus verdugos. Es cuestión de tiempo para que los venezolanos  vuelvan a abrir las puertas hacia el camino de la prosperidad y la verdadera construcción de esa unión cívico-militar a la cual hacía referencia Rómulo Betancourt, en la que la Fuerza Armada Nacional se encuentra verdaderamente al servicio del pueblo y subordinada como es debido a la institucionalidad civil de la República.

A aquellos militares civilistas, institucionales y profesionales, mi saludo y el respeto de todo el pueblo, pues ustedes también son parte fundamental en la reconstrucción de Venezuela

¿Qué clase de régimen político impera en Venezuela?

El gobierno de Venezuela se ufana de la cantidad de procesos electorales que se han realizado en el país durante los últimos 17 años y utiliza este hecho como un argumento para afirmar que se trata del gobierno más democrático de la historia venezolana. Por otra parte, basándose en el hecho de que el actual gobierno hace un uso abusivo del poder, ha encarcelado a algunos dirigentes políticos y restringe la libertad de expresión, algunos sectores de oposición han señalado que el actual gobierno no es más que una simple dictadura de la cual hay que salir a toda costa.

                Ahora bien, así como los procesos electorales no son exclusivos de las democracias tal y como ha quedado demostrado históricamente, tampoco el abuso de poder es exclusivo de las dictaduras. Existen en la actualidad una serie de regímenes totalitarios que han adoptado características mucho más complejas y a los cuales  hay que observar con detenimiento para poder diagnosticar de qué se tratan en realidad.

Normalmente este tipo de regímenes le otorgan algunos niveles de libertad a la ciudadanía, toleran la disidencia política, realizan elecciones y le permiten ciertas cuotas de poder a la oposición, entre otras características; sin embargo, estos gobiernos hacen uso abusivo de sus atribuciones, intentan controlar la mayoría de los poderes públicos, compiten en elecciones con una clara ventaja a su favor, violan los derechos humanos, el poder militar no está sujeto al cont

rol civil etc. Son los llamados “Autoritarismos Competitivos” denominados así por los profesores de ciencias políticas Steven Levitsky y Lucan A. Way, en su ya famosa obra “Elecciones sin democracia El surgimiento del autoritarismo competitivo” (Levitzky y Way 2002, 2010).

Ahora bien, el lector se preguntará por qué no llamar a este tipo de regímenes simplemente dictaduras. La respuesta es muy sencilla: porque no lo son. Y no lo son por lo siguiente: una dictadura, según la RAE,  es un “Régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales” y según el Diccionario de Política “…se refiere al ejercicio del poder estatal, caracterizado por la concentración de facultades extraordinarias en un individuo, grupo de individuos o élite” (Romero y Romero 2005). Como es evidente, la característica distintiva de la dictadura es la concentración del poder absoluto en manos de un individuo o  unos pocos, lo cual quiere decir que no hay medias tintas ni oposición legal.

Las características de los autoritarismos competitivos son las siguientes:

 “…Aunque se den con regularidad elecciones sin fraude, los funcionarios abusan constantemente de los recursos del Estado, no ofrecen a la oposición un cubrimiento adecuado de los medios, persiguen a los candidatos de la oposición y a sus seguidores y, en algunos casos, manipulan los resultados de las elecciones. De igual modo, periodistas, políticos de la oposición y otros críticos del gobierno pueden ser espiados, amenazados, perseguidos o arrestados. También miembros de la oposición pueden ser enviados a prisión, exilados o –con menor frecuencia– incluso asaltados, acosados o asesinados. Regímenes caracterizados por estos abusos no pueden ser llamados democráticos.”. (Estudios Políticos No. 24. Medellín, enero-junio 2004).

Otra razón por la que no debemos llamar a estos regímenes “dictaduras” es porque caer en ese error nos lleva a limitar las formas de lucha política de la oposición. Es casi imposible que un pueblo se libere de una dictadura mediante un proceso de elecciones o referéndum revocatorio; las dictaduras se derrocan, normalmente de forma violenta y con el apoyo de los militares. En cambio, a este tipo de gobiernos se les puede forzar a abandonar el poder mediante mecanismos constitucionales, como elecciones populares. También se les puede presionar mediante el poder legislativo y el judicial o por los medios de comunicación.  

Habiendo entendido lo anterior no cabe duda de que en Venezuela existe en este momento un régimen híbrido que encuadra perfectamente con la definición de Autoritarismo Competitivo. Es obvio que por tratarse de un país latinoamericano éste régimen tiene sus particularidades, algunas de las cuales son las siguientes: por una parte, hay elecciones periódicamente, se permite la disidencia política, hay diversidad de partidos, el gobierno no tiene control absoluto sobre todos los poderes públicos ni sobre todos los medios de comunicación etc. Mientras que por otra parte hay un pretorianismo latente, caudillismo, personalismo, totalitarismo, ventajismo electoral, censura mediática y violación de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, entre otras aberraciones.

Como es evidente, en Venezuela no hay democracia, pero tampoco nos enfrentamos auna simple dictadura.