La jugada de la oposición frente a la Constituyente de Maduro.

Desde el año pasado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha venido cerrándole las puertas a los procesos electorales. Se negó el referéndum revocatorio y se suspendieron las elecciones de gobernadores, las cuales debían realizarse en el mes de diciembre. Estos hechos ponen de manifiesto que existe una fuerte inclinación a obstaculizar, cercenar y hasta negar la posibilidad de que los venezolanos puedan elegir a sus representantes, tal y como establece la Constitución venezolana.  

Frente a esta realidad, la oposición ha optado por convocar a los ciudadanos para que ejerzan el derecho de protesta pacífica como mecanismo de presión que obligue al CNE a hacer un llamado a elecciones. Los resultados de estas manifestaciones han sido terribles para el gobierno: pronunciamientos por parte de la comunidad internacional; división profunda de las bases del “chavismo”; se le ha comenzado a llamar “Dictadura”; hay renuencia por parte de sectores financieros internacionales para otorgar prestamos al Estado; distintas personalidades que antes eran iconos del chavismo se han pronunciado en contra de las acciones de Maduro, entre ellas, la Fiscal General de la República, quien afirmó que se había roto el hilo constitucional, y el director de orquestas, Gustavo Dudamel, quien ha llamado recientemente a detener la represión; el hijo del defensor del pueblo le pidió rectificar; militares se han negado a cumplir órdenes de arremeter contra las manifestaciones etc.

Pero todo lo anterior pareciera no importarle mucho al presidente de la República y al sector que lo acompaña en el poder, pues en lugar de reflexionar con respecto a estos acontecimientos, ha decidido impulsar una nueva arremetida.

Una esplendida jugada

En vista de que a todas luces la legitimidad del actual gobierno se encuentra altamente deteriorada, los asesores del presidente han decidido recomendarle recurrir a un mecanismo establecido en el Constitución para intentar legitimarse mientras se siguen postergando los procesos electorales. Así fue como surgió la idea de la “constituyente”. Una constituyente sectorial donde el gobierno es el que decide quienes pueden votar y quienes pueden postularse para ser elegidos como constituyentitas, es la jugada perfecta. Pero hay un problema: lo que el presidente le ha planteado al país –no podía ser de otra forma debido a que el gobierno carece de una base popular cuantitativamente amplia–  es inconstitucional.

Por qué es inconstitucional el llamado de Maduro

PRIMERO: el presidente puede -y está facultado constitucionalmente para- tomar la iniciativa de convocar a un proceso constituyente, tal y como lo establece el artículo 347 del texto constitucional. Sin embargo, no puede el presidente imponerle una nueva Constitución al pueblo, ni modificarla, sin someter a consulta la medida. Es por ello que debe recurrir al soberano, mediante la figura del referéndum consultivo, para que sea el pueblo de Venezuela, en votación universal, directa y secreta, quien decida si quiere, o no, ir a un proceso para modificar las bases constitucionales de la República.

SEGUNDO: el presidente no está facultado para ser él quien pone las reglas  del juego de forma unilateral. Esto es una atribución del poder electoral y, en todo caso, le correspondería al CNE, en su papel de árbitro, sentar las bases para un proceso de este tipo.

TERCERO: en Venezuela no existe la elección de segundo grado ni el sistema electoral es corporativista, por consiguiente, la propuesta que hace el presidente para que los diputados a la constituyente sean electos mediante votación exclusiva de algunos sectores (Consejos Comunales, Comunas, CLAP, UBCH, “trabajadores de la patria” etc.) es inconstitucional y atenta contra el principio de soberanía popular establecido en el artículo quinto del texto fundamental de la República.

CUARTO: La constituyente no puede ser un mecanismo para entorpecer los procesos electorales que están vencidos, mucho menos los que están programados para este año. Antes de ir a una Asamblea Nacional Constituyente, se debe cumplir con los procesos electorales que están en el cronograma.

A pesar de todo esto, el gobierno cuenta con elementos fácticos para imponer esta decisión: Controla al TSJ, tiene el respaldo de cierto sector de la fuerza armada (así en minúsculas), controla en alguna medida al CNE y tiene un aparato comunicacional/propagandístico de considerable tamaño y con una eficacia importante.

Qué puede hacer la oposición al respecto

Los acontecimientos de los últimos meses han puesto al descubierto el “talón de Aquiles” del gobierno. Se trata del temor evidente a la voluntad popular; el temor a medirse en elecciones. Es por ello que pretende recurrir a un proceso de elecciones en cual se restringe el derecho al sufragio a determinados sectores donde el gobierno siente que tiene el control.

Como es evidente, el gobierno no va a someter a consulta popular su propuesta. Sin embargo, la oposición sí puede someter la propuesta del gobierno a consulta popular. Veamos que establece la Constitución al respecto:

Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.

El artículo anterior es de extremo valor en este momento por lo siguiente: ya dijimos que el presidente no sometería a aprobación del pueblo su propuesta debido a que no cuenta con el apoyo popular necesario para ello. Sabemos también que la AN, según sentencia del TSJ, está en “desacato” y, por consiguiente, no se puede promover el referéndum consultivo desde la Asamblea. Sin embargo, ni el presidente, ni el CNE, ni el TSJ, pueden negarle al pueblo que organice un proceso de recolección de firmas para activar el referéndum consultivo.

Seguir derrotando moralmente al adversario.

El gobierno y sus asesores han vuelto a calcular mal con esta nueva jugada. Le acaban de dar las bases a la oposición para que convoque a una consulta popular, que de realizarse, representaría una enorme derrota para la llamada Revolución.

Pero ¿Qué pasa si el gobierno se niega a consultar a los venezolanos mediante este mecanismo? Si el gobierno se niega (bien sea porque el CNE afirma que las firmas recogidas son falsas, o porque el TSJ emite una sentencia diciendo que esto no procede) la moral del régimen seguirá desmoronándose, ya que se evidenciará más claramente la negativa del gobierno para someterse al juicio del soberano, lo cual aceleraría  mucho más el proceso de desgaste de su legitimidad hasta un punto que le será imposible gobernar. 

Por otro lado, esta acción le permitirá a la oposición seguir movilizando a los ciudadanos manteniendo viva la llama que motiva a sus seguidores. Hay que tener presente que "la calle", tal y como está planteada hasta ahora, corre el riesgo de desgastarse a medida que va pasando el tiempo. Si la callé se apaga y no se consigue más que un saldo lamentable de muertos, lo único que se habrá logrado con ella, será desmotivar a la gente.

Como vemos, en este escenario las cosas pueden complicarse bastante para el gobierno. Es por ello que, sin abandonar la protesta pacífica y otros mecanismos de presión, esta debe ser la jugada de la oposición en el marco de la estrategia para debilitar aún más al gobierno. Mientras esto se hace, hay que ir abriendo espacios de diálogo para que, de ser posible, se produzca una negociación que permita salir de la crisis de una forma menos traumática para el pueblo venezolano. El estratega militar y escritor de El Arte de la Guerra, Sun Tzu, nos dice que “Hay que dejarle salida al enemigo cercado.”Porque de lo contrario este luchará  con todas sus fuerzas y será más difícil de derrotar.

La idea es entender la actual coyuntura como un juego de estrategia en el que deben ser tomadas en cuenta todas las fichas sobre el tablero. Los regímenes autoritarios se derrumban por su incapacidad para mantener la moral de sus filas en alto y por sus bajos niveles de legitimidad, lo cual ocasiona que las fuerzas que los sostienen cambien de posición. 

Próximamente seguiremos reflexionando al respecto.

Sobre la salida de Venezuela de la OEA

“La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes.” Martin Luther King.

Vivimos en un mundo interconectado, y lo que pasa en un extremo del globo terráqueo repercute, bien sea de forma directa o indirecta, para bien o para mal, en toda la estructura internacional. Cuando un gobierno viola los derechos humanos de sus ciudadanos; cuando les niega el derecho a la libre expresión del pensamiento; cuando persigue y tortura a sus detractores; cuando les niega el alimento y las medicinas… es evidente que este gobierno es una amenaza, no solo para su propio pueblo, sino para la humanidad.

La pseudodiplomacia del régimen del presidente Nicolás Maduro comete un grave error si cree que denunciando la Carta de la OEA, va a escapar de sus obligaciones para con la comunidad internacional. Venezuela no es Cuba. El gobierno de la isla fue expulsado de la organización en 1962 porque sus bases ideológicas eran incompatibles con los principios del sistema interamericano. La Cuba de los años 60 era un país poco relevante para los intereses estratégicos de los estados del hemisferio, exceptuando Estados Unidos debido al capital estadounidense invertido por transnacionales en territorio cubano. Se pensó entonces, que el aislamiento de Cuba era un mecanismo idóneo para evitar que todo el continente se “infectara con el comunismo soviético”. Con el tiempo se demostraría que esto fue un error.

En el caso venezolano  hay muchos más intereses en juego. Se trata de un país con un potencial económico como el de ningún otro en la región: en Venezuela yacen las reservas de petróleo más grandes del mundo, reservas de uranio en cantidades considerables, coltán, oro, diamantes, agua etc.  Además es la puerta de entrada a Suramérica, lo cual quiere decir que geopolíticamente su ubicación es estratégica para el comercio, tanto a nivel caribeño, como a nivel subregional. Se trata de una economía que ronda los 330.000 millones de dólares según datos del Fondo Monetario Internacional. Es evidente que un país con estas características no puede estar aislado del mundo.

Lamentablemente, aislar a Venezuela de la comunidad internacional, es lo que pretende el gobierno. Quienes ejecutan la política exterior venezolana creen que pueden convertir al país en la North Corea del continente Americano. Se equivocan.

Un dato curioso es que ni siquiera la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, con todo su talante represivo y autoritario, consideró jamás salirse de la OEA. Guardaban las apariencias, tanto así que hasta organizaron la X Conferencia Interamericana en la ciudad de Caracas en el año 1954.

ES UNA DECISIÓN SOBERANA

El gobierno arguye que la salida de la OEA se trata de una decisión soberana, y que el motivo por el cual se retira a Venezuela de la organización intergubernamental, es debido a que el mismo es un organismo "injerencista". Pero ¿es esto cierto?

No. El concepto de soberanía no puede ser utilizado por ningún gobierno para dejar de cumplir con sus obligaciones internacionales. La idea que el gobierno pretende imponer sobre este concepto es muy parecida, sino identifica, a la visión que tenían gobiernos como el de Hitler, cuyos juristas apelaban a la soberanía alemana para justificar sus desmanes, argumentando que se trataba de decisiones soberanas.

Hoy en día es aceptado universalmente por las naciones civilizadas que la soberanía no es un concepto absoluto, y que cuando un Estado se obliga por un tratado, dicho Estado debe cumplir con lo pactado. De hecho se trata de un principio fundamental del derecho internacional conocido como "Pacta Sunt Servanda" que traducido del latín al castellano quiere decir (Lo pactado obliga). 

De lo anterior se deduce lógicamente, que no existe ningún tipo de injerencia ni de violación a la soberanía, cuando los Estados integrantes de la OEA le exigen al gobierno venezolano que cumpla con las obligaciones que contrajo al adherirse al tratado constitutivo de la organización (Carta de la OEA), o cuando recurren a la Carta Democrática Interamericana para intentar ayudar a la solución del conflicto por el cual atraviesa el país. 

CONTINUACIÓN DE LA RUPTURA DEL HILO CONSTITUCIONAL

El retiro de la OEA atenta contra el espíritu progresista de nuestra constitución y pone en evidencia el talante antidemocrático de quienes gobiernan. Esta organización es una instancia internacional que al transcurrir de los años, ha venido posicionándose como un importante espacio para la defensa de los derechos de los pueblos americanos. Se trata nada menos que de la más antigua organización internacional de carácter regional. Es también un organismo que cuenta con un sistema sumamente avanzado en materia jurídica y de DDHH. Con relación a esto último podemos decir que la pretensión del gobierno de abandonar el histórico espacio, constituye una  violación  de la Constitución Nacional en su Art. 23 el cual le da rango constitucional y considera de aplicación preferencial a aquellos  pactos,  tratados o convenios internacionales ratificados por la República en materia de derechos humanos.  Salirse de la OEA implica también la ruptura total con el ordenamiento jurídico interamericano y el rechazo a la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un terrible retroceso para nuestro pueblo. 

Se estaría violando también el artículo 153 de la Constitución, el cual establece que "La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones...", principio establecido también en el preámbulo de nuestro texto fundamental, lo cual hace de la integración regional  un rasgo fundamental del espíritu de nuestro ordenamiento jurídico.

NO DEBEMOS PERMITIRLO

Los venezolanos debemos rechazar de forma categórica, enérgica y activa, la pretensión del gobierno de aislar al pueblo venezolano en perjuicio de sus derechos fundamentales. Solo un gobierno irresponsable intenta escapar de sus obligaciones. La OEA es parte de nuestra historia diplomática, hemos dado en ella grandes batallas por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la integración.

En ella criticamos la intromisión de EEUU en Guatemala en 1954 (en plena dictadura de MPJ), promovimos la ruptura de relaciones diplomáticas con gobiernos de facto mediante la llamada “Doctrina Betancourt”, rechazamos la invasión norteamericana a República Dominicana en 1965,  Granada en 1983 y Panamá en 1989. Más recientemente, en 2009, el presidente Chávez y su canciller, Nicolás Maduro, promovieron la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la suspensión de Honduras de la organización, debido al golpe de Estado llevado a cabo en ese país contra el presidente Manuel Zelaya.

Como es evidente, el anuncio de la ministra Delcy de sacar a Venezuela de la OEA, representa un retroceso sin precedentes para el país y los derechos de sus ciudadanos. Es una decisión contraria a nuestra  tradición en materia de política exterior y representa, en ultima instancia, un entado contra el pueblo venezolano y su historia. Por eso, los venezolanos no debemos permitirlo.