martes, 24 de octubre de 2023

Referéndum Consultivo Sobre la Guayana Esequiba + Cuestionario Explicado


Preguntas Referendo Consultivo/Esequibo + Respuestas: 

Antes de entrar en los detalles, preciso es señalar que las leyes aprobatorias de tratados internacionales suscritos y ratificados por la República no pueden ser derogadas mediante referéndum popular. De tal manera que las preguntas formuladas en este referéndum podrían ser consideradas como anticonstitucionales, debido a que se abren las puertas a la posibilidad de que los ciudadanos decidan oponerse a la aplicación del Acuerdo de Ginebra de 1966. 

Pero como quiera que en Venezuela la Constitución parece haber dejado de ser la norma suprema y se recurre constantemente a actuar según el capricho de las élites políticas, vamos a jugar el juego y respondamos el cuestionario para demostrar lo inconsistentes que resultan las preguntas formuladas. 

Aclarado este punto, comencemos. 

1. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al Derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?


R: Sí, de la misma manera que lo hicieron todos los gobiernos y diplomáticos venezolanos serios del pasado, entre quienes destacan los cancilleres Marcos Falcón Briceño e Ignacio Iribarren Borges, a quienes les debemos la posibilidad de que hoy aún podamos tener la oportunidad de recuperar el territorio, aunque al actual gobierno madurista le importe poco. 


2. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?


R: Sí. 


Responder que no significaría tirar por tierra todo el esfuerzo diplomático de más de sesenta ños en pro de la recuperación del territorio que nos arrebataron a finales del siglo XIX.


3. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?


R: No. Y no se trata como tal de una posición histórica, sino de un largo debate histórico. El propio Acuerdo de Ginebra, en el numeral segundo del artículo cuarto, establece que, de no haber un arreglo satisfactorio entre las partes y de no ponerse de acuerdo las mismas en torno a la escogencia del mecanismo para resolver la controversia, el Secretario General de Naciones Unidas podrá tomar una decisión sobre los medios adecuados para tal fin.

Y los medios a los que hace referencia el propio Acuerdo de Ginebra son los establecidos en el Artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Dicho artículo incluye al arreglo judicial como uno de los medios de solución pacífica de controversias. 

La Corte Internacional de Justicia representa la escogencia de la vía judicial por parte del Secretario General de NU, apegado al Acuerdo de Ginebra, y esto es inobjetable.  Si la parte venezolana hubiera querido desestimar el recurso a mecanismos judiciales lo habría dejado expresamente claro en el Acuerdo, y no fue así. No seamos incoherentes!


4. ¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios conforme a Derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?


R: Sí, y por esta misma razón Venezuela debe ir a la Corte Internacional de Justicia a exponer sus argumentos. El gobierno debe reunir a los más grandes expertos venezolanos en el tema, sin importar su tinte político partidista -sin importar si estos son moderados o radicales- e involucrarlos en la construcción de una defensa judicial inexpugnable que garantice los derechos soberanos de Venezuela sobre los 159.542km² más las áreas marinas y submarinas proyectadas por el mismo territorio y pendientes de delimitación.

El gobierno de Venezuela debe centrarse en promover sin complejos un gran esfuerzo de unidad nacional que fortalezca la posición del país. 


5. ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y al Derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?


No, mientras no se resuelva la controversia.


Si lo hacemos ahora estaríamos violando el propio Acuerdo de Ginebra al actuar por la vía de los hechos. La anexión de este territorio por parte de Venezuela, a pesar de que sabemos que es nuestro por derecho histórico, no representa un arreglo satisfactorio para la parte guyanesa, así como la posesión del territorio por parte de Guyana tampoco representa ni ha representado jamás una una solución satisfactorio para Venezuela. 

Peor aún, debido a que la farsa del Laudo Arbitral de París de 1899 está en vigencia para Guyana y para la Comunidad Internacional -para nosotros es nulo e irrito-, la anexión de este territorio recurriendo a mecanismos de hecho podría ser visto como un acto de agresión por parte de Venezuela hacia Guyana y nos colocaría en una posición desventajosa para recuperar el territorio. 


Además, si dijéramos que sí, también invalidaríamos la respuesta afirmativa a la pregunta número cuatro sobre recurrir a mecanismos de derecho para oponernos a las pretensiones de Guyana en las áreas marinas y submarinas por delimitar. Por otro lado, el Acuerdo de Ginebra tampoco contempla la cedulación de los esequibanos ni la incorporación de dicho territorio como un Estado de la Federación. Los esequibanos son venezolanos por nacimiento a través del artículo diez constitucional. 


Cualquier ejercicio de soberanía en la Guayana Esequiba por parte de Venezuela representa una violación del Acuerdo de Ginebra. Si se escoge esta vía -la de los hechos- lo correcto sería denunciar el tratado y entrar directamente en el capítulo militar de la historia. 

Cabe destacar que Guyana ha violado de forma sistemática el tratado de 1966 y además ha actuado de mala fe intentando desprestigiar a Venezuela ante los ojos de la Comunidad  Internacional acusando a nuestro país de pretensiones expansionistas y otras aberraciones. Nuestra diplomacia históricamente ha respondido a las calumnias guyanesas con altura y respeto por el Derecho Internacional (ver discurso de Marcos Falcón Briceño en la Asamblea General de Naciones Unidas 1962) y sería poco sensato que seamos nosotros quienes pisoteemos esta tradición al actuar por la vía de los hechos y no bajo los principios del derecho. 


Antes de finalizar quiero volver a resaltar el hecho de que el Acuerdo de Ginebra es constitucionalmente una ley de la República. En el cuestionario, como vemos, hay preguntas que dependiendo de la respuesta, se estaría promoviendo una violación del tratado lo cual implica también la violación de una ley nacional. De tal manera que resulta inaceptable que se someta a consideración del pueblo venezolano la decisión de violar una ley vigente. 


La forma más sensata de responder al insensato cuestionario, es la siguiente:

1- Sí

2- Sí

3- No

4- Sí

5- No



Bonus: 


Es posible, aunque poco probable, que el gobierno de Venezuela y el gobierno de Guyana pudieran llegar a un acuerdo para que la Corte Internacional de Justicia decida ex aquo et bono, tal y como la facultad el artículo 38 de sus estatutos, de manera que sea el propio tribunal quien tome la decisión de imponer una solución satisfactoria para las partes en la que ninguna de las dos naciones quede lo suficientemente satisfecha como para que la otra se sienta herida en su sentimiento patrio, y viceversa. 


Fin. 

lunes, 24 de julio de 2023

Elecciones, abstención, dictadura no sale con votos, ahora sí, pero no.

Elecciones, abstención, dictadura no sale con votos, ahora sí, pero no. 

Otro punto de vista sobre la realidad política venezolana y el cómo llegamos hasta aquí.

Por. Lauren Caballero

"No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige"

Séneca. 

La oposición venezolana ha venido mostrando una falta de coherencia estratégica desde sus inicios. Y es que las agendas son múltiples y los intereses detrás de las mismas diversos y muchas veces contradictorios. Esto se ha podido apreciar con mucha claridad en los últimos años, en los cuales la oposición ha pasado vez tras vez por diferentes rutas que al final del camino dejan un saldo negativo para toda la oposición en su conjunto y para el país en general.

Luego de la muerte de Hugo Chávez, la oposición hizo un esfuerzo enorme para llevar a  Capriles a la presidencia en las elecciones que debían pautarse para 2013. Capriles venía de una derrota incuestionable contra un popular Chávez quien consiguió una ventaja de más de un millón y medio de votos frente a los opositores. 

No obstante, y a pesar de la apabullante derrota que había dejado a la oposición desorientada y enguayabada, las circunstancias del país abrieron las puertas para continuar acumulando fuerzas en el terreno político-electoral mediante la construcción de una narrativa que motivaba al electorado y movilizaba a los ciudadanos en un contexto de dificultades económicas y disminución en general de la calidad de vida. 

En fin, que muere el presidente Chávez y en Venezuela debe haber una nueva elección para decidir quién será el nuevo presidente. La elección ocurre el 14 de abril (el chavismo planificó esa fecha para sacar ventaja de su cercanía con el día 11 de abril, fecha en la que le dieron el famoso golpe de estado al presidente Chávez, quien fué luego restituido en su caro el día 13). El proceso se llevó a cabo en un clima de irregularidades, pero aún así la oposición no se apartó de la ruta y en unidad estratégica -aunque no total- hace de nuevo un esfuerzo enorme para llevar a Capriles a la presidencia, el cual tenía un reto titánico por delante: hacer crecer su piso electoral en más de un millón y medio de votos en un ambiente de sentimentalismo que favorecía al chavismo debido a la muerte del caudillo revolucionario que con tanta efectividad había logrado conectar con las masas populares. 

Concluye el proceso y el CNE emite unos resultados en los cuales da ganador a Nicolás Maduro con una diferencia menor a doscientos cincuenta mil votos frente a Capriles. La oposición había logrado lo impensable: conquistar más de un millon trescientos mil votos en un escenario absolutamente desfavorable y en una campaña relámpago. Pero, en lugar de comprender la gran victoria política que habían obtenido frente al chavismo, la decisión del equipo de Capriles fué cantar fraude y mandar a los ciudadanos a manifestar su enojo. De hecho, muchos venezolanos hoy siguen convencidos de que aquella elección se la robó el chavismo. 

Con todo y todo, y a pesar de algunas voces que ya comenzaban a plantear alejarse de la ruta electoral, como se hizo en el año 2005 dejándole al chavismo el control del Parlamento y abriendo las puertas a la promulgación de leyes contrarias a la Constitución, la oposición se mantuvo en la ruta, pero lo hizo sin abandonar las protestas populares y la reivindicación de derechos individuales y colectivos que eran y siguen siendo violados de forma sistemática en Venezuela. Fue de esta forma como en el año 2015 la oposición unida logró la más importante victoria de toda su historia: se trató, como ya saben, de la conquista del Parlamento. 

Pero la victoria pronto se convertiría en el peor retroceso de la oposición desde el golpe de Estado de 2002. Las ansias de poder y el mal cálculo llevaron a algunos a pensar que ya el gobierno habia sido derrotado, no entendieron que habían ganado un espacio político para hacer contrapesos y , en lugar de ello, se sintieron tentados por la idea de que ya la presidencia de la república estaba en sus manos. Tampoco hicieron cálculos sobre la capacidad del gobierno para sortear las dificultades mediante la confrontación entre poderes, como luego se vió con las sentencias de un TSJ el cual se había convertido en el brazo judicial del partido gobernante y que había sido nombrado entre gallos y media noche por el parlamento de mayoría chavista anterior. Lo que sí calcularon muy bien fueron las cuotas internas que les tocaban a cada uno de los partidos según la cantidad de diputados que cada organización había obtenido, esto a pesar de que la victoria fue posible gracias a la tarjeta de la famosa MUD (La de la Manito), y no al esfuerzo independiente de las organizaciones políticas. El niño no había nacido y ya lo estaban picando en pedacitos. 

El error de cálculo llevó a algunos sectores de la oposición a promover agendas subversivas desde el parlamento ¿Recuerdan aquella promesa de sacar a Maduro en seis meses?. Mientras tanto el TSJ desproclamaba diputados para quitarle la mayoría calificada a la oposición y dejaba sin representación política a uno que otro estado de la federación. 

La confrontación llegó a su cenit cuando la AN no quiso obedecer una sentencia administrativa que, según la interpretación de los juristas del horror rojo, colocaba a la AN en desacato, con lo cual convertían al Parlamento en mero decoro constitucional. 

Unos meses después la oposición se enfrascaría en un estéril debate interno en torno a cuál sería la mejor propuesta para salir de Maduro: el revocatorio, una reforma constitucional, el abandono del cargo, encontrar la cédula colombiana del dictador etc. Cada propuesta era recibida con insultos por parte de quienes planteaban otra distinta. 

La respuesta de la comunidad internacional no se hizo esperar: estaba claro que en Venezuela ya no había democracia y que no existía la separación de poderes, en Venezuela había una dictadura. 

La situación empeoró aún más, el gobierno convocó de forma inconstitucional a un parapeto de Asamblea Nacional Constituyente con unas bases comiciales absolutamente cuestionables y que poco o nada tenian que ver con la tradición electoral venezolana. Y es que el gobierno necesitaba darle sentido a la dictadura que estaba naciendo, maquillarla para que sus seguidores se sintieran motivados a apoyarla, y para ello la figura de una ANC con poderes, según ellos, supra constitucionales, le venía como anillo al dedo. El parlamento, electo por la mayoría de venezolanos, incluyendo chavistas, había quedado, de hecho disuelto. 

La oposición llamó a la abstención bajo la lógica de no convalidar con el voto popular a aquella Asamblea Nacional Constituyente en la que no participaba ningún candidato de oposición. 

El mismo año se llevaron a cabo elecciones regionales para escoger a los gobernadores de algunos estados del país. La oposición organizó entonces unas elecciones primarias (quien les habla fue parte del comité organizador) con el objetivo de decidir quiénes serían los candidatos opositores por cada estado -entonces todo el mundo quería ser candidato porque creían que nadie votaría por el gobierno-. Sobrados de lote y pensando nuevamente que el gobierno estaba derrotado de antemano, los opositores convirtieron la pugna por las candidaturas en una carnicería moral: se instalaron laboratorios en redes sociales y en medios de comunicación para masificar propaganda sucia en contra de otros opositores y se recurrió a las más bajas tácticas para minar la imagen del antiguo aliado hasta convertirlo en un enemigo irreconciliable. 

En el estado Lara, la gobernación que estaba en manos de Henri Falcón -quien había dado sus primeros pasos en política de la mano del presidente Chávez, pero que luego renunció al chavismo llegando a ser incluso jefe de campaña del propio Capriles en las elecciones del año 2013- la propaganda llegó a tal extremo que, a pesar de que Henri ganó las primarias opositoras, la oposición perdió la gobernación. 

Para echarle más leña al fuego, la dirigente opositora, María Corina Machado, y los miembros de su partido, incluyendo diputados a la Asamblea Nacional, utilizaron todos los medios a su disposición para boicotear las elecciones, haciendo llamados a la abstención bajo la premisa de que los comicios habían sido convocados por la Constituyente y asegurando que no se trataba de elecciones sino de un ejercicio militar. También le echaba estiércol a la imagen de sus otrora compañeros asegurando que el gobierno había escogido a los candidatos.

Al final del día la oposición había sido derrotada con casi un millón de votos de diferencia. Después de tener una expectativa de victoria abrumadora según la cual la oposición obtendría 20 de las 23 gobernaciones, el resultado fue que el gobierno se quedó con el control de 17 gobernaciones frente a 5 de la oposición, de las cuales luego una, la del estado Zulia, sería arrebatada por la ANC.

El ventajismo de un gobierno autoritario que utiliza todo el poder del Estado para oprimir a sus adversarios, comprar votos, movilizar a sus adeptos y torcer los resultados si fuese posible, tuvo su efecto. Una oposición que era más peligrosa para sí misma que para el régimen, le allanó el terreno a las jugadas del madurismo. 

La ANC consolidadó su poder cerrando la jornada de 2017 con broche de oro cuando destituyó al gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, dada la negativa del mismo a juramentarse ante la mentada constituyente, dejando así el camino libre para que el gobierno controlase una de las gobernaciones más importantes de país. En otra lectura de los acontecimientos, hay quienes afirman que la demostración de "dignidad" de Guanipa le regaló al chavismo la gobernación. 

La historia podría haber sido otra si la oposición hubiera tenido coherencia estratégica. Pero la historia es la que es y no la podemos cambiar. 

La película no había terminado aún. El gobierno se había dado cuenta de que la oposición estaba dividida y sin rumbo, sin liderazgo claro y absolutamente desorientada. Se podía ver en el horizonte lo que ya comenzaba a perfilarse como la evolución del chavismo al madurismo. 

Es así como en 2018 la ANC convoca a elecciones presidenciales de forma anticipada, aprovechando el momentum político desfavorable para una oposición enfrascada en dilemas estratégicos imposibles de sortear en medio de una confrontación consigo misma. 

Antes, en diciembre de 2017, habían ocurrido también las elecciones de alcaldes, para entonces ya la oposición transitaba la ruta de la abstención, y la calle había perdido la energía después de más de cien días de protestas ciudadanas masivas. Hablar de ir a elecciones era hasta un acto de traición. 

Así fue como se llegó a 2018 con una oposición desmotivada y desmoralizada, sin candidato presidencial opositor unitario y con llamados a la abstención bajo la premisa de que "dictadura no sale con votos". Como no podían faltar el chantaje y manipulación de mentes incautas, los laboratorios promovieron la idea de que votar era legitimar al régimen. 

La mesa estaba servida, Maduro no podía perder, los opositores que participaron en esa elección para hacerle frente a la dictadura en el terreno electoral fueron víctimas de los peores improperios por parte de otros sectores de oposición que planteaban otras rutas como la intervención militar extranjera o un golpe de Estado. Había nacido el Madurato, el régimen de Nicolás Maduro. 

Eran tiempos de Donald Trump, el polémico presidente estadounidense que luego apoyaría la instauración de un gobierno paralelo presidido por el diputado Juan Guardó, y que llevó a muchos venezolanos a pensar que Estados Unidos iba a invadir Venezuela para sacar a Maduro del poder. 

LA AUTOJURAMENTACIÓN

Habían pasado ya cuatro años de luchas intestinas. Desde el punto de vista institucional el tiempo se agotaba para la oposición, pues se aproximaban nuevamente elecciones para escoger a los representantes del poder legislativo.

Ese año 2019 una parte de la oposición agrupada en el parlamento, haciendo gala de extraordinarios dotes para interpretar la Constitución venezolana, decidió jugar una carta al estilo del régimen. Así fue como Juan Guaidó, un diputado electo por el estado Vargas, poco conocido y sin muchos méritos que resaltar, se autojuramenta como presidente interino de Venezuela. Nadie sabe a ciencia cierta quien decidió jugar la carta, algunos dicen que fueron órdenes de los líderes del partido de Guaidó, Voluntad Popular; otros afirman que el guión fue escrito desde el exterior, pero lo cierto del caso es que casi toda la oposición, y gran parte de la población venezolana, se alineó con la jugada. 

Rápidamente obtuvo el reconocimiento de una parte importante de gobiernos extranjeros con Estados Unidos a la vanguardia. La calle volvió a llenarse de multitudes pidiendo la dimisión de Maduro. Jóvenes, vidas, sueños dejados en el asfalto y una dirigencia opositora que aprovechaba el momento para, junto con gobiernos extranjeros, tomar el control de importantes activos venezolanos en el exterior. 

Así transcurrió el año 2019, el Palacio Federal Legislativo era constantemente asediado por hordas ideológicamente adoctrinadas y pagadas por el gobierno para intimidar a los diputados, y en más de una ocasión hasta los militares fueron utilizados con el objetivo de entorpecer las labores de los representantes del pueblo. A la sazón, el "gobierno interino" instalaba misiones diplomáticas ante gobiernos extranjeros mientras los de Maduro eran expulsados. Venezuela volvió a la OEA con una representación nombrada por la Asamblea Nacional. 

El Madurato estaba sometido a una presión de una magnitud considerablemente peligrosa para su sostenimiento, pero aún así se mantenía en pie. 

No se sabe si los opositores que lideraban el plan del interinato en algún momento se plantearon la posibilidad de negociar con el gobierno los términos de una posible transición pactada, pero lo que sí sabemos es lo que ocurrió después. La oposición se volvió a hiper radicalizar, desde los micrófonos y en las redes sociales se decía que "con delincuentes no se negocia" y se invocaba la activación del TIAR, un tratado militar interamericano de la época de la Guerra Fría, con el fin de promover una intervención militar multinacional en Venezuela para sacar a Maduro de Miraflores por la fuerza. Claro que era una fantasía!

En 2020 se llevaron a cabo las elecciones para la Asamblea Nacional y se disolvió la ANC. El gobierno se sentía consolidado luego del fracaso de las agendas maximalistas de los sectores más mediáticos de la oposición veneozlana. La coalición gobernante obtuvo cómodamente la victoria; la abstención era ya el más grande acto de pureza, casi racial, que podía llevar a cabo un opositor genuino. 

Mientras tanto, en Estados Unidos Trump había perdido las elecciones. La oposición radical se había quedado sin un aliado radical en el norte, y junto con la derrota de Trump vino también el desmoronamiento del interinato. 

Toda esta nueva situación obligó a los actores políticos locales a moderar sus expectativas y su discurso. Así fue como, sin reflexión alguna y de la noche a la mañana, pasaron de la consigna que rezaba "dictadura no sale con votos", al "vota por mi". Los dirigentes cambiaron en cuestión de semanas sus propuestas: ya no era la "coalición libertadora" lo que salvaría a los venezolanos, sino ellos mismos, ahora mediante la participación electoral. 

Y fue de esta manera que decidieron participar en las elecciones regionales (2021). Tanto la oposición como el chavismo habían mermado significativamente su caudal electoral. Los otrora abstencionistas no pudieron movilizar a más de dos millones de personas, mientras que el gobierno mantuvo su piso por sobre los tres millones. La oposición más moderada, que no se había apartado de la lucha electoral pero cuya imagen estaba francamente deteriorada debido a la purga propagandística a la que fue sometida, algunas veces salpicados por el comportamiento de otros actores cuya afinidad política opositora es dudosa,  tampoco tuvo mejores resultados. 

Por este camino se llegó al año 2023, con una oposición debilitada, poco convincente e incapaz de coordinar esfuerzos en torno a un programa mínimo de acción común, y sin haber aprendido mucho sobre las lecciones del pasado. Por otra parte, los rasgos autoritarios del régimen se han acentuado. Los rectores del CNE han sido obligados a renunciar y el gobierno ha asegurado que no aceptará algunas misiones de observación electoral internacional como la de la Unión Europea. 

Además, el gobierno también ha inhabilitado de forma inconstitucional a candidatos importantes, entre los que resaltan el propio Henríque Capriles y María Corina Machado -esta última es quien, en el momento de narrar este recuento, encabeza todas las encuestas-. La inhabilitación del gobierno ha tenido el efecto deseado por sus estrategas: profundizar aún más las divisiones internas a la vez que generarle dilemas estratégicos importantes a la coalición opositora. 

Al sol de hoy estamos asistiendo al enfrentamiento entre tres o cuatro bloques opositores: El G4, que agrupa a los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, contra María Corina Machado, en torno a quien gravitan figuras mediáticas influyentes en las redes sociales y otros entornos. Por otro lado, los partidos de la oposición con menor pegada, quienes han anunciado la conformación de una nueva coalición político-electoral, probablemente para impulsar la candidatura de Antonio Ecarri. Algunos de esos partidos son Cambiemos, Avanzada Progresista y La Alianza del Lápiz. También están confrontados el partido Acción Democrática-Bernabé Gutiérrez, COPEI entre otros. Además hay más actores que podrían ir por fuera de la oposición en una elección presidencial, como Benjamín Rauseo, popularmente conocido como Er Conde del Guacharo. 

A todo el entuerto hay que sumarle la desconexión profunda entre la dirigencia opositora y la vida real de los ciudadanos venezolanos, sometidos a toda clase de calamidades y penurias en su vida diaria. La pérdida de una parte importante de la nación la cual ha salido en éxodo masivo en búsqueda de mejor vida allende las fronteras (Se calcula que hay más de siete millones de venezolanos ahora mismo dispersos en todo el mundo, según datos de ACNUR), y la desmotivación generalizada producto de los errores del pasado y que pasan factura. 

De manera que no sería nada raro que la oposición volviera a ser derrotada en algún proceso electoral venidero. No solo por las triquiñuelas de un gobierno antidemocrático como el venezolano, sino por las propias y constantes incapacidades demostradas por la dirigencia política opositora.

Hagan ustedes su propio análisis y saquen sus propias conclusiones.

martes, 18 de junio de 2019

CÓMO FUNCIONA EL TIAR Y POR QUÉ EL USO DE LA FUERZA MILITAR SIGUE SIENDO UNA OPCIÓN POCO PROBABLE PARA DEPONER AL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO.


Por. Lauren Caballero
Internacionalista

A raíz de que se introdujera en la Asamblea Nacional una propuesta para debatir la reincorporación de Venezuela al sistema de seguridad colectiva americano, el cual sienta sus bases jurídicas principalmente en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el debate acerca de la posible conformación de una coalición militar internacional para deponer al gobierno de Nicolás Maduro, vuelve a ponerse sobre la mesa.

Hace algunas semanas escribí un artículo en el que expuse por qué el TIAR no podía ser invocado para promover una intervención militar en Venezuela en el actual contexto. En el artículo que actualmente usted lee, me propongo a explicar cuál es el procedimiento para la aplicación del Tratado en caso de que se considere la existencia de una amenaza para la paz y la seguridad del hemisferio, y por qué la opción militar sigue siendo difícil de implementar.

Procedimiento

                Cuando un Estado miembro del Tratado considera que existe una amenaza para la paz y la seguridad americanas o, en todo caso, una amenaza para su propia seguridad, el gobierno de dicho Estado convoca con carácter de urgencia una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en la OEA. La convocatoria debe especificar que la misma se hace mediante el TIAR, ya que también se puede convocar según la Carta de la Organización de Estados Americanos o mediante el Pacto de Bogotá.

                Esta convocatoria se hace por intermedio del Consejo Permanente de la OEA. En el Consejo Permanente, participan todos los Estados miembros de la organización y es el órgano facultado para convocar la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que, de ser necesario, se convertirá en Órgano de Consulta del TIAR. La convocatoria se realiza mediante votación y solo se requiere de mayoría absoluta para que la misma sea efectiva.

                El Órgano de Consulta es el mecanismo facultado para conocer de aquellos asuntos que puedan representar un peligro para la paz y la seguridad de la región. Se rige bajo las disposiciones del TIAR e incluso tiene sus propios procedimientos los cuales se encuentran establecidos en su reglamento. Está constituido, a diferencia del Consejo Permanente, solo por los Estados partes del TIAR y sus decisiones son obligatorias para todos sus miembros, incluso para aquellos que hayan emitido un voto negativo en el marco de las deliberaciones. La única excepción de esta norma es en lo referente al uso de la fuerza armada, pues, según lo dispuesto en el Tratado, ningún Estado podrá ser obligado a emplear su fuerza armada sin su consentimiento (Art. 20 TIAR).

                Cabe destacar que, según lo establecido en el Articulo 82 de la Carta de la OEA y en el 12 del TIAR, si se tratase de un asunto urgente (un ataque armado, por ejemplo), el Consejo Permanente puede hacer las veces de Órgano de Consulta provisional para hacerle frente a la situación de emergencia mientras el Órgano de Consulta legitimo se constituye.

                Una vez constituido el Órgano de Consulta, el mismo puede tomar una serie de medidas de tipo coercitivo (Art. 8 TIAR) para restablecer la paz y garantizar la seguridad hemisférica, a saber:

a)       Retiro de los jefes de misión
b)      La ruptura de las relaciones diplomáticas
c)       Ruptura de las relaciones consulares
d)      La interrupción parcial o total de las relaciones económicas
e)      La interrupción parcial o total de las comunicaciones ferroviarias, marítimas aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas, o radiotelegráficas.
f)        El empleo de la fuerza armada

Nótese que las medidas anteriormente expuestas van en un orden, según sus efectos, de menor a mayor intensidad. En todo caso, se tratan de medidas de tipo coercitivo que están restringidas exclusivamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En consecuencia, el Órgano de Consulta, deberá enviar inmediatamente al Consejo de Seguridad la información de las acciones que, según lo dispuesto en los artículos 51 y 54 de la Carta de la ONU, hayan sido desarrolladas o proyectadas en ejercicio del derecho de legitima defensa colectiva.

Es evidente que el TIAR está estrechamente vinculado al sistema de Naciones Unidas y que se trata de un mecanismo complementario al sistema de seguridad colectiva global establecido en la Carta de San Francisco, cuyo máximo órgano de toma de decisiones en tal sentido no es otro que el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Su aplicación en el caso venezolano

Una vez entendido lo anterior, podemos tener mayor claridad acerca de por qué la convocatoria de tal mecanismo no garantiza que se lleve a cabo una operación de carácter militar en Venezuela.

La situación venezolana, bien que pueda representar una amenaza para la paz y la seguridad hemisférica debido a la desestabilización que causa en la región la abrumadora migración de venezolanos y la internacionalización de la crisis, no es un asunto de índole militar. En Venezuela no hay una guerra civil transfronteriza ni existe una amenaza potencial por parte del régimen madurista de atacar militarmente a alguno de los Estados de la región (Asuntos que, sin duda, ameritarían una convocatoria urgente de la Reunión de Consulta de la OEA). Tampoco Colombia, cuyo gobierno ha denunciado en innumerables oportunidades la incursión de militares venezolanos en su territorio y la presencia de grupos paramilitares colombianos refugiados en territorio venezolano, ha tomado la iniciativa de invocar el TIAR.

Pero si se llegase a convocar el Órgano de Consulta, tampoco hay motivos para pensar que las decisiones que se vayan a tomar, en el marco de tal convocatoria, tengan que involucrar a las fuerzas armadas de los Estados partes del Tratado. En primer lugar, porque el propio TIAR obliga a sus miembros a solucionar sus controversias mediante los mecanismos de solución pacífica reconocidos por el Derecho Internacional y establecidos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, en cual establece que “Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.”

En segundo lugar, porque, de tomarse medidas coercitivas, estas deben ser de carácter proporcional. Por ejemplo, no se podría convocar una operación militar internacional para detener la migración masiva, a menos que el plan sea bombardear a los migrantes que salgan de Venezuela, algo absurdo que jamás ha sucedido. En consecuencia, los Estados miembros considerarán proporcionalmente y según el cálculo de sus intereses, aplicar alguna de las medidas que señala el artículo 8 del TIAR, cuyo último recurso, no obligatorio para los Estados partes del Tratado, es el uso de la fuerza militar.

                Lo que he explicado anteriormente nos da una idea de por qué, en el marco del TIAR, nunca se ha llegado a utilizar la fuerza militar para solucionar algún conflicto regional. No es cierto, como algunos reconocidos analistas han asegurado, que, en 1965 durante la operación militar liderada por los EEUU en República Dominicana, se haya invocado el TIAR, ya que la Reunión de Consulta en la que se creó la Fuerza Interamericana de Paz, se convocó mediante la Carta de la OEA.

Tampoco es cierto que, en el caso de Malvinas (1982), el TIAR haya fallado. En este caso no era aplicable, porque el agresor fue el Estado argentino y la agresión se desplegó contra una potencia extracontinental y no contra un Estado americano. Tratándose de un instrumento de carácter defensivo, el propio Tratado es bastante claro y especifico al respecto de su rango de aplicabilidad.

En una próxima entrega, explicaré los detalles de algunos casos en los cuales el TIAR ha sido aplicado de forma efectiva y sin recurrir al uso de la fuerza armada.


lunes, 17 de junio de 2019

¿Por qué el TIAR no puede ser invocado para promover una intervención militar en Venezuela en el actual contexto?

Por. Lauren Caballero.
Internacionalista

El TIAR es un tratado especial que forma parte del Sistema de Seguridad Colectiva Interamericano, cuya finalidad principal es garantizar la defensa de los estados miembros frente a actos de agresión por parte de otro estado americano o potencia extracontinental.

Sus orígenes, a diferencia de lo que el discurso chavista afirma, son de vieja data. En el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1826, se firman una serie de acuerdos de Unión, Liga y Confederación Perpetua cuyos objetivos eran, entre otros, "...sostener en común defensiva y ofensivamente, si fuere necesario, la soberanía de todas y cada una de las potencias confederadas de América…".

En el mencionado tratado también se establecía que "Las partes contratantes se obligan y comprometen a defenderse mutuamente de todo ataque que ponga en peligro su existencia política". A este Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, siguen una serie de instrumentos que fueron evolucionando con el tiempo hasta llegar a lo que hoy conocemos como Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Tratado de Rio (TIAR) y su Protocolo de Reformas de 1975, ratificado por algunos estados de la región.
El tratado es claro y especifico respecto a su ámbito de aplicación y objetivos, a saber:

En primer lugar, evitar que los estados de la región recurran a la amenaza o al uso de la fuerza en sus relaciones con otros estados. Cumpliendo así con lo establecido en el artículo 2.4 de la Carta de San Francisco (Carta de Naciones Unidas) -de ahora en adelante La Carta-.

En segundo lugar, compromete a los estados contratantes a resolver sus controversias mediante los mecanismos de solución pacífica reconocidos por el Derecho Internacional, es decir, respetando lo establecido en el artículo 33 de la Carta.

En tercer lugar, es un acuerdo que tiene como principal objetivo la defensa mutua frente al "ataque armado" de cualquier estado contra un estado americano (Art. 3 TIAR). Este punto es neurálgico porque es la base de todo el tratado.

Además, es especifico al hacer referencia expresa del artículo 51 de La Carta, el cual establece que:

"Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales".

Por lo tanto, el TIAR, es un instrumento regional que no se puede invocar al margen del Sistema de Seguridad Colectiva de Naciones Unidas.

Suponiendo que alguno de los estados miembros del TIAR quiera emprender, bajo el pretexto de la polémica tesis de "defensa preventiva”, alguna medida para neutralizar lo que dicho estado considere una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, el Órgano de Consulta del TIAR tendría que informar de inmediato al Consejo de Seguridad, el cual podría decidir vetar tales medidas (Artículo 5. ATIAR)

Por último, y para que no quede duda alguna del alcance de este tratado, hay que tener muy claro lo que se entiende por “acto de agresión", ya que es el concepto clave utilizado en el documento.

En consecuencia, "La agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la indepen­dencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas..." (Res. AG. 3314 - 1974).

Queda claro entonces, que el TIAR es un mecanismo de defensa colectiva frente al ataque armado de cualquier estado contra alguno de los miembros del tratado. Por consiguiente, en ningún momento puede invocarse este tratado para operaciones militares al margen de la ONU.

Recordemos que el artículo 53 de La Carta, establece que "...no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad..."

Por todo lo anterior, no hay duda de que la invocación de este mecanismo como justificativo para intervenir militarmente en otro estado, por la razón que fuere, sin el consentimiento de Naciones Unidas, representaría un acto de agresión en sí mismo y, en consecuencia, sería contradictorio con el propósito del tratado.

domingo, 2 de diciembre de 2018

LA REBELIÓN DEL CENTRO POLÍTICO




Cuando un determinado actor político se autodenomina de “centro”, automáticamente es visto desde los extremos como un pusilánime, un “blando” o como alguien que no tiene claridad ideológica. Y sin embargo, ser de centro no significa tal cosa. Ser de centro significa apelar a la razón antes que a las pasiones; es ser tolerante con aquellos que expresan ideas o pensamientos  que se contraponen a los propios; es defender el derecho de los diferentes a ser diferentes porque se tiene conciencia de que una sociedad basada en el pensamiento único solo es posible entre autómatas programados para tal fin, mas no entre humanos…

En el discurso extremista a los centristas también se les cataloga de colaboradores del otro extremo, porque para un extremista es difícil entender una posición distinta a la suya propia. Para ellos cualquiera que no se ubique en su lado de la acera tiene que ser, a juro y porque sí, un agente del extremo contrario. Como vemos, estos sectores son incapaces de aceptar matices.  La realidad es, pues, dicotómica, una lucha permanente entre buenos contra malos, blancos contra negros, chavistas contra opositores, apátridas contra patriotas, puros contra impuros y pare usted de contar.

Los extremos comienzan siempre siendo minorías y, en sociedades en las que la razón prevalece, es muy poco probable que terminen ganándose la simpatía de las grandes mayorías. Sin embargo, en sociedades polarizadas el discurso que más ruido suele hacer -a pesar de no calar en los sectores mayoritarios- es el discurso de los extremos. Esto sucede, entre otras cosas, porque el centro político suele ser incapaz de generar un contra-discurso que desmonte la épica construida al margen de la razón. Y es así porque en el afán de ser tolerantes, los centristas terminan tolerando aquello que es intolerable, en palabras de Popper,  la intolerancia misma. De esta forma, se crea el caldo de cultivo perfecto para enterrar la razón y se deja en libertad al reptil que todos y cada uno de nosotros llevamos en nuestro ADN. 
  
En la Venezuela polarizada de hoy existe una gran oportunidad para que en el centro político -en el que se ubica más del 40% de la población venezolana si nos dejamos llevar por las encuestas más conservadoras- se produzca una gran rebelión contra los extremos. Ya no se trataría entonces de un determinado partido político peleando espacios de poder, sino de un poderoso movimiento ciudadano en el que confluya la más variopinta expresión de la sociedad venezolana y de donde nazca un liderazgo que no se someta al chantaje de aquellos a quienes les conviene mantener a la familia venezolana dividida contra sí misma.

La política solo es posible entre seres racionales capaces de calcular los efectos que sus acciones ejercen sobre terceros. Los militantes del extremismo le dan la espalda a la política porque desdeñan de la razón y se entregan a las más bajas pasiones. No creen en el consenso y por ello su accionar siempre va dirigido a imponer sus propias concepciones a todo el universo. El expansionismo del Tercer Reich no difiere mucho de la idea comunista de exportar –a sangre y fuego de ser necesario–  la revolución.

Oposición y chavismo en Venezuela también cuentan con sus “Hitler” y sus “Stalin”, a los que hay que enfrentar unidos si queremos construir un mejor futuro para todos. No podemos permitir que los extremos se impongan si realmente creemos en la democracia. Es, pues, la rebelión de la razón lo que lleva al chavista de a pie a darse cuenta de que el modelo que le venden por televisión no es viable, que es mentira que los gringos son culpables de la crisis y que no es cierto que no haya comida ni medicinas por culpa de la guerra económica. La rebelión de la razón, es decir, del centro, también  lleva al opositor a darse cuenta que cambiar una tiranía por otra no tiene pies ni cabeza, que la lucha es por la libertad y que la libertad debe ser para todos. Como vemos es la razón lo que nos une en el centro y por ello es hora de encontrarnos para rebelarnos frente a la barbarie del extremismo.