¿Es un delito que los diputados a la AN hagan Política Internacional?

Recientemente el diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ha hecho públicas unas declaraciones en la cuales afirma que asistirá de nuevo a la OEA para pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Ante esta postura el gobierno de Venezuela ha emprendido una serie de acciones, algunas de carácter jurídico y otras de índole propagandística, con el fin de criminalizar las  acciones de aquellos diputados que pretendan hacer política internacional, catalogando a las mismas de “usurpación de funciones” y “traición a la patria”. Ahora bien, a la luz del derecho y de las leyes venezolanas,  ¿es un delito que un diputado haga política internacional? En las próximas líneas responderemos con claridad a esta pregunta.

Pero para poder dar respuesta a esta interrogante es preciso que primero hagamos un breve repaso de algunos conceptos básicos, así como también una sucinta lectura de algunos artículos del texto constitucional vigente.

1)      Actor Internacional: según la concepción clásica de las relaciones internacionales el actor fundamental de la sociedad internacional es el Estado, sin embargo, esto no excluye la existencia de otros actores internacionales tales como: las organizaciones internacionales al estilo de la ONU y la OEA; las ONG e incluso los propios individuos.

2)      Política Exterior: se trata de una política pública formulada y ejecutada por el Estado que tiene como objetivo fundamental satisfacer los intereses estratégicos del mismo.

3)      Política Internacional: se refiere al conjunto de acciones de carácter político que emprende un determinado actor en el marco de la sociedad internacional para lograr un fin específico. También se conoce como política internacional a la interacción de las diferentes políticas exteriores de los Estados que integran la sociedad internacional.

Teniendo claros estos conceptos básicos procedamos ahora a  analizar el texto constitucional:

                Lo primero a lo que debemos hacer referencia es al hecho de que el Poder Legislativo es una de las ramas que integran el Poder Público Nacional, tal y como lo establece el artículo 136 constitucional, el cual reza textualmente:

El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.

Que el Poder Legislativo haya sido colocado en primer lugar no es una casualidad, hace referencia a que a lo largo de la historia muchos pensadores  han considerado al parlamento como el depositario de la Soberanía. Pero continuemos con el tema que nos ocupa. El artículo 156 constitucional enumera las competencias del Poder Publico Nacional y en su primer numeral establece que es de la competencia del mismo “La política y la actuación internacional de la República”.

Pues bien, si la política y la actuación internacional de la República son competencias del Poder Público Nacional y si este a su vez está conformado por el Legislativo, el Ejecutivo, El Judicial, el Ciudadano y el Electoral, es evidente que todas estas ramas tienen competencia para llevar a cabo acciones políticas de carácter internacional. Esto ha quedado demostrado en la práctica por la participación de personalidades como la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz y la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia,  en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, sin que esto signifique que los mismos hayan incurrido en usurpación de funciones o en el delito de traición a la patria.

La confusión podría presentarse por la mala interpretación del artículo 236 constitucional en cuyo numeral cuarto (4) se establece que es una atribución del presidente “dirigir las relaciones exteriores de la República”. Pues bien, nótese que el constituyente fue cuidadoso de la terminología utilizada para hacer referencia a esta competencia exclusiva del ejecutivo nacional. En efecto, es una atribución del Presidente de la República dirigir y ejecutar la política exterior del Estado. Pero como ya hemos visto, la política exterior es una política pública que se proyecta hacia el exterior en procura de satisfacer los intereses del Estado, y se diferencia de la política internacional en tanto y en cuanto ésta última puede ser desarrollada por cualquiera de los actores que interactúan en el seno de la sociedad internacional.

Usurpación de funciones sería entonces que algún diputado, sin estar debidamente investido, firmara algún tratado internacional en nombre del Estado venezolano o que un diputado pretendiera asumir las funciones del embajador de Venezuela en Francia, por poner un par de ejemplos.

Como es evidente, no es un delito que un diputado a la Asamblea Nacional haga política internacional debido a que, según establece el texto constitucional, es una de sus atribuciones como miembro del Poder Publico Nacional.

En el ojo del Huracán Revolucionario: datos para entender este desastre

La revolución

En los últimos 17 años la configuración del poder a lo interno del Estado venezolano y la relación de fuerzas en pugna entre los dos grandes bloques que conforman el espectro político venezolano, han estado signadas por un enfrentamiento abierto entre los que promueven una nueva identidad nacional surgida de rebuscadas interpretaciones históricas, y quienes en el otro lado de la acera, se oponen diametralmente a ello.  
 

Una posible solución a la situación de inestabilidad política y de crisis socioeconómica  por la que atraviesa el país se hace mucho más complicada en tanto y en cuanto quienes intentan imponer a toda costa el nuevo modelo - socialismo del siglo XXI – resultan estar influenciados por un sincretismo ideológico de no poca importancia: este sector ha bebido de la pluma de Marx, Hegel, Schmitt, Mao Zedong, Zamora, Simón Rodríguez y Simón Bolívar (y de las interpretaciones que de estos personajes se hacen).

Para quienes gobiernan es algo normal el sufrimiento por el que atraviesan los pueblos en los que se imponen las políticas y los métodos que se han venido desarrollando en Venezuela. Todo esto forma parte del plan maestro para alcanzar la sociedad comunista y la suprema felicidad del pueblo. En este plan la idea fundamental consiste en destruirlo todo para luego reconstruirlo todo desde cero a imagen y semejanza de lo que enseñan los manuales del siglo XIX; destruir la historia para imponer otra, escrita a conveniencia de la nueva élite. Para esto recurren a la idea de Mao de “Revolución Permanente”, inventan un enemigo  – en el caso venezolano este enemigo es la contrarrevolución identificada en las filas de la oposición – y se apoyan en la idea de que la política es una relación amigo / enemigo siguiendo las lógicas del jurista alemán Carl Schmitt. En consecuencia, revolución permanente, significa lucha o guerra permanentes.

En una entrevista con el escritor francés André Malraux, Mao afirmó:

El pensamiento, la cultura y las costumbres que llevaron a China al punto en el que la encontramos hoy tienen que desaparecer, y surgir el pensamiento, las costumbres y la cultura de la China proletaria, que no existe todavía. {…} el pensamiento, las costumbres y la cultura deben nacer de la lucha, y la lucha debe seguir mientras permanezca el peligro de volver al pasado.[1]

Hay que construir la sociedad socialista, aunque esto implique destruir la sociedad en general, y con ella a destruir también a aquellos que hacen cultura y para los cuales la sociedad tiene sentido, los seres humanos.

El  conflicto permanente

Como se dijo anteriormente, la idea de revolución permanente no es otra cosa más que la idea de lucha o guerra permanente. Esto se debe a varias razones:

• La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que quienes se hacen llamar revolucionarios, suelen llegar al poder por la fuerza o mediante la utilización de mecanismos contrarios a los parámetros democráticos. Bien sea porque la revolución intenta derrocar a un régimen no democrático; o porque quienes encabezan la misma utilizan el término como una simple tapadera para dar un golpe de Estado; o bien porque han sido influenciados por movimientos revolucionarios ajenos a la propia realidad nacional en la cual se pretende llevar a cabo la revolución.   

• Otra razón por la cual se recurre a este mecanismo, es porque una vez establecidos en el poder y habiendo controlado el aparato represivo del Estado, quienes encabezan la revolución siempre estarán en ventaja sobre quienes se oponen a ella en el campo militar. De esta forma si se califica al adversario político como “enemigo” y se le vende como una “amenaza para la patria”, se puede recurrir a la fuerza cuando sea necesario para mantener el control del poder. 

• Por último, si se llegase a perder el control político del Estado, se podría seguir recurriendo a la fuerza para legitimar la lucha por el poder, ya que quien gobernaría sería el “enemigo” y los “traidores a la patria y la revolución”.

Pues bien, desde la llegada al poder de la “Revolución Bolivariana” se han tomado en cuenta todos estos supuestos y se han venido aplicando, ya en estos últimos días descaradamente, con el objetivo de que la revolución se eternice al frente del Estado. 

Por esto es que se ha recurrido a ideologizar y entrenar a la Fuerza Armada en tácticas de guerra no convencional o de guerrillas, y se han creado cuerpos paramilitares.

La oposición

La oposición venezolana es diversa y compleja. En su seno interactúan una amplia diversidad de concepciones ideológicas, modelos económicos, concesiones políticas y visiones de país que en muchos casos contrastan. 

La actuación de este sector ha tenido sus altos y bajos a lo largo de los últimos 17 años, siendo su mejor momento el actual debido, entre otros elementos, a la baja popularidad del gobierno.

Desde un punto de vista estratégico su debilidad principal radica en lo que es su mayor fortaleza, es decir, en la diversidad de sus filas. En el marco de un modelo democrático sano en el cual se respetan las garantías constitucionales y el derecho y la justicia privan por sobre la diatriba del poder, esta característica de la oposición habría que celebrarla a como dé lugar. Sin embargo, la actual realidad venezolana no es esta. 

Venezuela atraviesa por un proceso de fragmentación social e hiperpolarización política  sumamente delicado, en el cual impera una visión dicromática de la realidad, afectando esto de manera significativa la cultura democrática del venezolano. Así pues, la opinión pública del país  pretende que las acciones de los actores que integran cada uno de los bandos sean  lineales y automáticas. Esto quiere decir que si el gobierno dice “A” la oposición debe responder automáticamente ubicándose en el otro extremo “Z”. No hay cabida para el resto del abecedario; quien se atreve a decir “C” puede ser tildado por sectores de oposición como “traidor” pues la “C” está mucho más cerca de la “A” que de la “Z”, y viceversa. Lamentablemente esta “anticultura política” es mucho más sencilla de modificar dando el ejemplo desde el gobierno que desde otro espacio. 

En estos casos las oposiciones deben trazarse una estrategia de coherencia político-discursiva que permita la cohesión de sus adeptos y la motivación de su fuerza popular con miras a mantener la presión de las masas en contra del régimen de turno.

Hay que prepararse incluso para el ejercicio estratégico del poder en el marco de un posible gobierno de transición hacia la democracia. Lo más probable es que en este escenario quienes actualmente ostentan el poder, pasen a una insurrección paramilitar armada con características guerrilleras a la que habrá que hacerle frente. Este será, posiblemente, uno de los efectos primarios de los coletazos del Huracán Revolucionario. Por ello la importancia de que en el discurso opositor exista un puente tendido constantemente hacia los militares, baluartes de la institucionalidad, garantes de la soberanía y custodios de la constitucionalidad.

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[1] André Malraux: Antimemorias, Círculo de Lectores, Barcelona (1992)

El derrumbe de la república milico-populista

Desde la llegada al poder del teniente coronel Hugo Chávez Frías en el año 1999,  Venezuela se ha ido convirtiendo paulatinamente en un país controlado casi en su totalidad, y en detrimento de las grandes mayorías civiles, en una república pretoriana en la que los militares imponen su voluntad con mucha facilidad. En el marco de un discurso populista se comenzó a hablar sin tapujos de “unión cívico-militar”, pero la verdad es que lo que se construyo fue el camino hacia un régimen militarista con cierto apoyo civil. Un régimen que, al contrario de lo que la mayoría pudiera pensar, no está a cargo de Nicolás Maduro, sino de un conjunto de actores, en su mayoría militares, a los cuales llamaremos en este artículo “La Junta Antipatriótica”.

                Donde quiera que uno mire se encuentra con un militar al mando de una institución pública. Basta fijarse solo en los gobernadores de estado - en su mayoría militantes del PSUV - para darse cuenta del alto grado de exclusión que sufren los civiles a la hora de formar parte de la toma de decisiones, y esto es así sin importar si se es afecto al gobierno u opositor, pues la militancia civil del chavismo ha sido, como es evidente, excluida también de la toma de decisiones.

                Por si fuese poco, son los militares los encargados de distribuir los pocos alimentos y medicinas que llegan a los hogares de las familias pobres de Venezuela, tal y como quedó plasmado en el decreto Nº 11 dictado en el marco de la “emergencia económica” y en cuyo primer artículo se puede leer lo siguiente:

“La unión cívico militar implica el aprovechamiento de la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio del país, su organización y disciplina, en actividades y tareas de apoyo al abastecimiento nacional de productos estratégicos para la garantía de los derechos a la alimentación y la salud de los venezolanos y las venezolanas, así como la protección y resguardo de los bienes y servicios afectos a dichas actividades, en aplicación del principio de corresponsabilidad en la defensa de la seguridad de la nación fundamentada en el desarrollo nacional integral, en el cual la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe participar activamente.”

También tienen los militares participación privilegiada en la explotación de los recursos mineros, petrolíferos y gasíferos de la república, sin mencionar que son los militares los dueños de las armas y demás artefactos coercitivos del Estado venezolano.

Es importante tener claro todo este panorama para poder entender la complejidad de la actual situación política por la que atraviesa el país. Nos encontramos en una situación en la que cualquier paso en falso podría resultar desastroso.

Aquellos militares que han abandonado el cauce institucional para incursionar en la rebatiña de Venezuela no entregaran tan fácilmente aquello que han conseguido en estos últimos 17 años de república milico-populista, es por ello que la presión pacifica en la calle y la denuncia constante de las transgresiones constitucionales cometidas por el gobierno, es tan importante en este momento.

El escenario ha venido cambiando paulatinamente. El juego ahora favorece a las grandes mayorías en Venezuela, pues la base popular con la que contaba La Junta Antipatriótica  se ha ido socavando. El pueblo ha ido despertando poco a poco de la larga siesta ideológica inducida por la propaganda del régimen, y a este despertar popular le temen los hacedores de miserias, los hambreadores del pueblo.

En este escenario una cosa esta clara: el fin de la república milico-populista esta cerca. El pueblo ya no apoya a sus verdugos. Es cuestión de tiempo para que los venezolanos  vuelvan a abrir las puertas hacia el camino de la prosperidad y la verdadera construcción de esa unión cívico-militar a la cual hacía referencia Rómulo Betancourt, en la que la Fuerza Armada Nacional se encuentra verdaderamente al servicio del pueblo y subordinada como es debido a la institucionalidad civil de la República.

A aquellos militares civilistas, institucionales y profesionales, mi saludo y el respeto de todo el pueblo, pues ustedes también son parte fundamental en la reconstrucción de Venezuela

¿Qué clase de régimen político impera en Venezuela?

El gobierno de Venezuela se ufana de la cantidad de procesos electorales que se han realizado en el país durante los últimos 17 años y utiliza este hecho como un argumento para afirmar que se trata del gobierno más democrático de la historia venezolana. Por otra parte, basándose en el hecho de que el actual gobierno hace un uso abusivo del poder, ha encarcelado a algunos dirigentes políticos y restringe la libertad de expresión, algunos sectores de oposición han señalado que el actual gobierno no es más que una simple dictadura de la cual hay que salir a toda costa.

                Ahora bien, así como los procesos electorales no son exclusivos de las democracias tal y como ha quedado demostrado históricamente, tampoco el abuso de poder es exclusivo de las dictaduras. Existen en la actualidad una serie de regímenes totalitarios que han adoptado características mucho más complejas y a los cuales  hay que observar con detenimiento para poder diagnosticar de qué se tratan en realidad.

Normalmente este tipo de regímenes le otorgan algunos niveles de libertad a la ciudadanía, toleran la disidencia política, realizan elecciones y le permiten ciertas cuotas de poder a la oposición, entre otras características; sin embargo, estos gobiernos hacen uso abusivo de sus atribuciones, intentan controlar la mayoría de los poderes públicos, compiten en elecciones con una clara ventaja a su favor, violan los derechos humanos, el poder militar no está sujeto al cont

rol civil etc. Son los llamados “Autoritarismos Competitivos” denominados así por los profesores de ciencias políticas Steven Levitsky y Lucan A. Way, en su ya famosa obra “Elecciones sin democracia El surgimiento del autoritarismo competitivo” (Levitzky y Way 2002, 2010).

Ahora bien, el lector se preguntará por qué no llamar a este tipo de regímenes simplemente dictaduras. La respuesta es muy sencilla: porque no lo son. Y no lo son por lo siguiente: una dictadura, según la RAE,  es un “Régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales” y según el Diccionario de Política “…se refiere al ejercicio del poder estatal, caracterizado por la concentración de facultades extraordinarias en un individuo, grupo de individuos o élite” (Romero y Romero 2005). Como es evidente, la característica distintiva de la dictadura es la concentración del poder absoluto en manos de un individuo o  unos pocos, lo cual quiere decir que no hay medias tintas ni oposición legal.

Las características de los autoritarismos competitivos son las siguientes:

 “…Aunque se den con regularidad elecciones sin fraude, los funcionarios abusan constantemente de los recursos del Estado, no ofrecen a la oposición un cubrimiento adecuado de los medios, persiguen a los candidatos de la oposición y a sus seguidores y, en algunos casos, manipulan los resultados de las elecciones. De igual modo, periodistas, políticos de la oposición y otros críticos del gobierno pueden ser espiados, amenazados, perseguidos o arrestados. También miembros de la oposición pueden ser enviados a prisión, exilados o –con menor frecuencia– incluso asaltados, acosados o asesinados. Regímenes caracterizados por estos abusos no pueden ser llamados democráticos.”. (Estudios Políticos No. 24. Medellín, enero-junio 2004).

Otra razón por la que no debemos llamar a estos regímenes “dictaduras” es porque caer en ese error nos lleva a limitar las formas de lucha política de la oposición. Es casi imposible que un pueblo se libere de una dictadura mediante un proceso de elecciones o referéndum revocatorio; las dictaduras se derrocan, normalmente de forma violenta y con el apoyo de los militares. En cambio, a este tipo de gobiernos se les puede forzar a abandonar el poder mediante mecanismos constitucionales, como elecciones populares. También se les puede presionar mediante el poder legislativo y el judicial o por los medios de comunicación.  

Habiendo entendido lo anterior no cabe duda de que en Venezuela existe en este momento un régimen híbrido que encuadra perfectamente con la definición de Autoritarismo Competitivo. Es obvio que por tratarse de un país latinoamericano éste régimen tiene sus particularidades, algunas de las cuales son las siguientes: por una parte, hay elecciones periódicamente, se permite la disidencia política, hay diversidad de partidos, el gobierno no tiene control absoluto sobre todos los poderes públicos ni sobre todos los medios de comunicación etc. Mientras que por otra parte hay un pretorianismo latente, caudillismo, personalismo, totalitarismo, ventajismo electoral, censura mediática y violación de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, entre otras aberraciones.

Como es evidente, en Venezuela no hay democracia, pero tampoco nos enfrentamos auna simple dictadura.

Venezuela: país de prisioneros

Es una paradoja celebrar el natalicio de uno de los más grandes libertadores de América en un país cuyo gobierno mantiene cautivo a su propio pueblo. Pero ¿es la libertad el centro del debate? sin duda alguna lo es. Hoy, a 233 años de aquel nacimiento, los venezolanos estamos sometidos por las cadenas de la corrupción institucionalizada; oprimidos por el hambre, la delincuencia, la persecución política, la censura,  y la hipocresía de aquellos que en nombre de Bolívar cometen los más grandes delitos contra la patria. El nuestro es un país en el que los jóvenes no pueden soñar con un futuro; donde el esfuerzo personal no tiene recompensa más allá del amiguismo; donde las madres tienen que elegir entre comer ellas o darle de comer a sus hijos. En fin, no somos más que hombres y mujeres  cautivos en la cuna de la libertad.

Existe también otra paradoja: el venezolano es un pueblo pobre que vive en un país rico. Así pues, unidos en santa alianza el hambre y el cautiverio son los aliados predilectos de quienes nos oprimen.

Pero algo debe tener la libertad que hay quienes están dispuestos a morir por ellá. 

Hugh Thomas escribía en 1977, en la introducción a la obra, "Venezuela Política y Petróleo", del gran Rómulo Betancourt,  lo siguiente: ¿qué hombre con espíritu no habría preferido, en cualquier época de la historia, tener libertad con pobreza antes que ser un prisionero rico?" la respuesta, al igual que el porqué de todo esto, es obvia: la libertad es el bien más preciado que podemos tener los seres humanos.

La pregunta final es entonces: ¿Quién está dispuesto a luchar por ella?