CÓMO FUNCIONA EL TIAR Y POR QUÉ EL USO DE LA FUERZA MILITAR SIGUE SIENDO UNA OPCIÓN POCO PROBABLE PARA DEPONER AL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO.

Por. Lauren Caballero

Internacionalista

A raíz de que se introdujera en la Asamblea Nacional una propuesta para debatir la reincorporación de Venezuela al sistema de seguridad colectiva americano, el cual sienta sus bases jurídicas principalmente en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el debate acerca de la posible conformación de una coalición militar internacional para deponer al gobierno de Nicolás Maduro, vuelve a ponerse sobre la mesa.

Hace algunas semanas escribí un artículo en el que expuse por qué el TIAR no podía ser invocado para promover una intervención militar en Venezuela en el actual contexto. En el artículo que actualmente usted lee, me propongo a explicar cuál es el procedimiento para la aplicación del Tratado en caso de que se considere la existencia de una amenaza para la paz y la seguridad del hemisferio, y por qué la opción militar sigue siendo difícil de implementar.

Procedimiento

                Cuando un Estado miembro del Tratado considera que existe una amenaza para la paz y la seguridad americanas o, en todo caso, una amenaza para su propia seguridad, el gobierno de dicho Estado convoca con carácter de urgencia una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en la OEA. La convocatoria debe especificar que la misma se hace mediante el TIAR, ya que también se puede convocar según la Carta de la Organización de Estados Americanos o mediante el Pacto de Bogotá.

                Esta convocatoria se hace por intermedio del Consejo Permanente de la OEA. En el Consejo Permanente, participan todos los Estados miembros de la organización y es el órgano facultado para convocar la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que, de ser necesario, se convertirá en Órgano de Consulta del TIAR. La convocatoria se realiza mediante votación y solo se requiere de mayoría absoluta para que la misma sea efectiva.

                El Órgano de Consulta es el mecanismo facultado para conocer de aquellos asuntos que puedan representar un peligro para la paz y la seguridad de la región. Se rige bajo las disposiciones del TIAR e incluso tiene sus propios procedimientos los cuales se encuentran establecidos en su reglamento. Está constituido, a diferencia del Consejo Permanente, solo por los Estados partes del TIAR y sus decisiones son obligatorias para todos sus miembros, incluso para aquellos que hayan emitido un voto negativo en el marco de las deliberaciones. La única excepción de esta norma es en lo referente al uso de la fuerza armada, pues, según lo dispuesto en el Tratado, ningún Estado podrá ser obligado a emplear su fuerza armada sin su consentimiento (Art. 20 TIAR).

                Cabe destacar que, según lo establecido en el Articulo 82 de la Carta de la OEA y en el 12 del TIAR, si se tratase de un asunto urgente (un ataque armado, por ejemplo), el Consejo Permanente puede hacer las veces de Órgano de Consulta provisional para hacerle frente a la situación de emergencia mientras el Órgano de Consulta legitimo se constituye.

                Una vez constituido el Órgano de Consulta, el mismo puede tomar una serie de medidas de tipo coercitivo (Art. 8 TIAR) para restablecer la paz y garantizar la seguridad hemisférica, a saber:

a)       Retiro de los jefes de misión

b)      La ruptura de las relaciones diplomáticas

c)       Ruptura de las relaciones consulares

d)      La interrupción parcial o total de las relaciones económicas

e)      La interrupción parcial o total de las comunicaciones ferroviarias, marítimas aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas, o radiotelegráficas.

f)        El empleo de la fuerza armada

Nótese que las medidas anteriormente expuestas van en un orden, según sus efectos, de menor a mayor intensidad. En todo caso, se tratan de medidas de tipo coercitivo que están restringidas exclusivamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En consecuencia, el Órgano de Consulta, deberá enviar inmediatamente al Consejo de Seguridad la información de las acciones que, según lo dispuesto en los artículos 51 y 54 de la Carta de la ONU, hayan sido desarrolladas o proyectadas en ejercicio del derecho de legitima defensa colectiva.

Es evidente que el TIAR está estrechamente vinculado al sistema de Naciones Unidas y que se trata de un mecanismo complementario al sistema de seguridad colectiva global establecido en la Carta de San Francisco, cuyo máximo órgano de toma de decisiones en tal sentido no es otro que el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Su aplicación en el caso venezolano

Una vez entendido lo anterior, podemos tener mayor claridad acerca de por qué la convocatoria de tal mecanismo no garantiza que se lleve a cabo una operación de carácter militar en Venezuela.

La situación venezolana, bien que pueda representar una amenaza para la paz y la seguridad hemisférica debido a la desestabilización que causa en la región la abrumadora migración de venezolanos y la internacionalización de la crisis, no es un asunto de índole militar. En Venezuela no hay una guerra civil transfronteriza ni existe una amenaza potencial por parte del régimen madurista de atacar militarmente a alguno de los Estados de la región (Asuntos que, sin duda, ameritarían una convocatoria urgente de la Reunión de Consulta de la OEA). Tampoco Colombia, cuyo gobierno ha denunciado en innumerables oportunidades la incursión de militares venezolanos en su territorio y la presencia de grupos paramilitares colombianos refugiados en territorio venezolano, ha tomado la iniciativa de invocar el TIAR.

Pero si se llegase a convocar el Órgano de Consulta, tampoco hay motivos para pensar que las decisiones que se vayan a tomar, en el marco de tal convocatoria, tengan que involucrar a las fuerzas armadas de los Estados partes del Tratado. En primer lugar, porque el propio TIAR obliga a sus miembros a solucionar sus controversias mediante los mecanismos de solución pacífica reconocidos por el Derecho Internacional y establecidos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, en cual establece que “Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.”

En segundo lugar, porque, de tomarse medidas coercitivas, estas deben ser de carácter proporcional. Por ejemplo, no se podría convocar una operación militar internacional para detener la migración masiva, a menos que el plan sea bombardear a los migrantes que salgan de Venezuela, algo absurdo que jamás ha sucedido. En consecuencia, los Estados miembros considerarán proporcionalmente y según el cálculo de sus intereses, aplicar alguna de las medidas que señala el artículo 8 del TIAR, cuyo último recurso, no obligatorio para los Estados partes del Tratado, es el uso de la fuerza militar.

                Lo que he explicado anteriormente nos da una idea de por qué, en el marco del TIAR, nunca se ha llegado a utilizar la fuerza militar para solucionar algún conflicto regional. No es cierto, como algunos reconocidos analistas han asegurado, que, en 1965 durante la operación militar liderada por los EEUU en República Dominicana, se haya invocado el TIAR, ya que la Reunión de Consulta en la que se creó la Fuerza Interamericana de Paz, se convocó mediante la Carta de la OEA.

Tampoco es cierto que, en el caso de Malvinas (1982), el TIAR haya fallado. En este caso no era aplicable, porque el agresor fue el Estado argentino y la agresión se desplegó contra una potencia extracontinental y no contra un Estado americano. Tratándose de un instrumento de carácter defensivo, el propio Tratado es bastante claro y especifico al respecto de su rango de aplicabilidad.

En una próxima entrega, explicaré los detalles de algunos casos en los cuales el TIAR ha sido aplicado de forma efectiva y sin recurrir al uso de la fuerza armada.

¿Por qué el TIAR no puede ser invocado para promover una intervención militar en Venezuela en el actual contexto?

Por. Lauren Caballero.

Internacionalista

El TIAR es un tratado especial que forma parte del Sistema de Seguridad Colectiva Interamericano, cuya finalidad principal es garantizar la defensa de los estados miembros frente a actos de agresión por parte de otro estado americano o potencia extracontinental.

Sus orígenes, a diferencia de lo que el discurso chavista afirma, son de vieja data. En el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1826, se firman una serie de acuerdos de Unión, Liga y Confederación Perpetua cuyos objetivos eran, entre otros, "...sostener en común defensiva y ofensivamente, si fuere necesario, la soberanía de todas y cada una de las potencias confederadas de América…".

En el mencionado tratado también se establecía que "Las partes contratantes se obligan y comprometen a defenderse mutuamente de todo ataque que ponga en peligro su existencia política". A este Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, siguen una serie de instrumentos que fueron evolucionando con el tiempo hasta llegar a lo que hoy conocemos como Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Tratado de Rio (TIAR) y su Protocolo de Reformas de 1975, ratificado por algunos estados de la región.

El tratado es claro y especifico respecto a su ámbito de aplicación y objetivos, a saber:

En primer lugar, evitar que los estados de la región recurran a la amenaza o al uso de la fuerza en sus relaciones con otros estados. Cumpliendo así con lo establecido en el artículo 2.4 de la Carta de San Francisco (Carta de Naciones Unidas) -de ahora en adelante La Carta-.

En segundo lugar, compromete a los estados contratantes a resolver sus controversias mediante los mecanismos de solución pacífica reconocidos por el Derecho Internacional, es decir, respetando lo establecido en el artículo 33 de la Carta.

En tercer lugar, es un acuerdo que tiene como principal objetivo la defensa mutua frente al "ataque armado" de cualquier estado contra un estado americano (Art. 3 TIAR). Este punto es neurálgico porque es la base de todo el tratado.

Además, es especifico al hacer referencia expresa del artículo 51 de La Carta, el cual establece que:

"Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales".

Por lo tanto, el TIAR, es un instrumento regional que no se puede invocar al margen del Sistema de Seguridad Colectiva de Naciones Unidas.

Suponiendo que alguno de los estados miembros del TIAR quiera emprender, bajo el pretexto de la polémica tesis de "defensa preventiva”, alguna medida para neutralizar lo que dicho estado considere una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, el Órgano de Consulta del TIAR tendría que informar de inmediato al Consejo de Seguridad, el cual podría decidir vetar tales medidas (Artículo 5. ATIAR)

Por último, y para que no quede duda alguna del alcance de este tratado, hay que tener muy claro lo que se entiende por “acto de agresión", ya que es el concepto clave utilizado en el documento.

En consecuencia, "La agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la indepen­dencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas..." (Res. AG. 3314 - 1974).

Queda claro entonces, que el TIAR es un mecanismo de defensa colectiva frente al ataque armado de cualquier estado contra alguno de los miembros del tratado. Por consiguiente, en ningún momento puede invocarse este tratado para operaciones militares al margen de la ONU.

Recordemos que el artículo 53 de La Carta, establece que "...no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad..."

Por todo lo anterior, no hay duda de que la invocación de este mecanismo como justificativo para intervenir militarmente en otro estado, por la razón que fuere, sin el consentimiento de Naciones Unidas, representaría un acto de agresión en sí mismo y, en consecuencia, sería contradictorio con el propósito del tratado.

LA REBELIÓN DEL CENTRO POLÍTICO

Cuando un determinado actor político se autodenomina de “centro”, automáticamente es visto desde los extremos como un pusilánime, un “blando” o como alguien que no tiene claridad ideológica. Y sin embargo, ser de centro no significa tal cosa. Ser de centro significa apelar a la razón antes que a las pasiones; es ser tolerante con aquellos que expresan ideas o pensamientos  que se contraponen a los propios; es defender el derecho de los diferentes a ser diferentes porque se tiene conciencia de que una sociedad basada en el pensamiento único solo es posible entre autómatas programados para tal fin, mas no entre humanos…

En el discurso extremista a los centristas también se les cataloga de colaboradores del otro extremo, porque para un extremista es difícil entender una posición distinta a la suya propia. Para ellos cualquiera que no se ubique en su lado de la acera tiene que ser, a juro y porque sí, un agente del extremo contrario. Como vemos, estos sectores son incapaces de aceptar matices.  La realidad es, pues, dicotómica, una lucha permanente entre buenos contra malos, blancos contra negros, chavistas contra opositores, apátridas contra patriotas, puros contra impuros y pare usted de contar.

Los extremos comienzan siempre siendo minorías y, en sociedades en las que la razón prevalece, es muy poco probable que terminen ganándose la simpatía de las grandes mayorías. Sin embargo, en sociedades polarizadas el discurso que más ruido suele hacer -a pesar de no calar en los sectores mayoritarios- es el discurso de los extremos. Esto sucede, entre otras cosas, porque el centro político suele ser incapaz de generar un contra-discurso que desmonte la épica construida al margen de la razón. Y es así porque en el afán de ser tolerantes, los centristas terminan tolerando aquello que es intolerable, en palabras de Popper,  la intolerancia misma. De esta forma, se crea el caldo de cultivo perfecto para enterrar la razón y se deja en libertad al reptil que todos y cada uno de nosotros llevamos en nuestro ADN. 

  

En la Venezuela polarizada de hoy existe una gran oportunidad para que en el centro político -en el que se ubica más del 40% de la población venezolana si nos dejamos llevar por las encuestas más conservadoras- se produzca una gran rebelión contra los extremos. Ya no se trataría entonces de un determinado partido político peleando espacios de poder, sino de un poderoso movimiento ciudadano en el que confluya la más variopinta expresión de la sociedad venezolana y de donde nazca un liderazgo que no se someta al chantaje de aquellos a quienes les conviene mantener a la familia venezolana dividida contra sí misma.

La política solo es posible entre seres racionales capaces de calcular los efectos que sus acciones ejercen sobre terceros. Los militantes del extremismo le dan la espalda a la política porque desdeñan de la razón y se entregan a las más bajas pasiones. No creen en el consenso y por ello su accionar siempre va dirigido a imponer sus propias concepciones a todo el universo. El expansionismo del Tercer Reich no difiere mucho de la idea comunista de exportar –a sangre y fuego de ser necesario–  la revolución.

Oposición y chavismo en Venezuela también cuentan con sus “Hitler” y sus “Stalin”, a los que hay que enfrentar unidos si queremos construir un mejor futuro para todos. No podemos permitir que los extremos se impongan si realmente creemos en la democracia. Es, pues, la rebelión de la razón lo que lleva al chavista de a pie a darse cuenta de que el modelo que le venden por televisión no es viable, que es mentira que los gringos son culpables de la crisis y que no es cierto que no haya comida ni medicinas por culpa de la guerra económica. La rebelión de la razón, es decir, del centro, también  lleva al opositor a darse cuenta que cambiar una tiranía por otra no tiene pies ni cabeza, que la lucha es por la libertad y que la libertad debe ser para todos. Como vemos es la razón lo que nos une en el centro y por ello es hora de encontrarnos para rebelarnos frente a la barbarie del extremismo. 

El voto como mecanismo de lucha

Por. Lauren Caballero

Para algunos resulta contradictorio que se siga insistiendo en la necesidad de votar en un momento donde es evidente que nos enfrentamos a un gobierno que no es democrático. Suena más descabellado aún, puesto que ayer el TSJ al servicio del gobierno, sentenció que la victoria electoral de las fuerzas democráticas en la Universidad de Carabobo, queda sin efecto, a la vez que promovían a la candidata del PSUV como ganadora.

Pues bien, quisiera explicar brevemente por qué esta situación hace del voto un mecanismo de lucha primordial.

En primera instancia es preciso señalar que el voto, bajo regímenes autoritarios, no tiene la misma lógica que en una democracia. Lo que el voto persigue en un escenario como el que vive nuestro país hoy, es fracturar al bloque de poder hegemoníco, es decir, el voto es un elemento que puede ser eficaz (como lo ha demostrado la evidencia empírica) para catalizar un proceso de transición hacia la democracia, que no un simple cambio de gobierno. Una votación masiva contra la tiranía obliga al gobierno a tomar decisiones que incrementan sus costos de permanencia. Por ejemplo, si no son capaces de evitar que la gente participe en la elección y los resultados arrojados por el conteo de votos son adversos, seguramente tendrán que decidir entre negociar su salida o hacer fraude para permanecer en el poder. Si acceden a la primera opción, en ese momento empieza la transición, pero si deciden, como es probable, hacer fraude y alterar el resultado, sus costos de permanencia se elevarían y esto podría llevar a que los actores que sustentan al bloque hegemoníco (Fuerza Armada, agentes del régimen de alto nivel etc) retiren su apoyo a los cabecillas de la tiranía y negocien una salida por separado con las fuerzas democráticas, y allí comenzaría otro tipo de proceso transicional.

El caso de la Universidad de Carabobo es aleccionador por varios motivos: primero, porque permitió demostrar, una vez más, que la oposición es una mayoría significativa. Segundo, porque se demostró también que, aún bajo circunstancias de violencia y enfrentándo a malandros armados bajo la protección del poder gubernamental, es posible derrotar, mediante el voto y la organización ciudadana, a la tiranía. En tercer lugar, porque la derrota electoral obligó al régimen a elevar sus costos de permanencia mediante una sentencia ilegal de la sala electoral del tsj (en minúsculas). Hoy la UC es un foco de resistencia cuya representación estudiantil tiene legitimidad ante los ojos de todo el país democráticos y, probablemente, ante la Comunidad Internacional.

Imaginemos por un segundo que se da un escenario parecido al de la UC pero a nivel nacional y que la gente está organizada y dispuesta a defender su victoria ¿Qué cree usted que pasaría? ¿Por cuánto tiempo cree que podría la FA reprimir a todo un pueblo que exigiría sus derechos, probablemente, en las calles? ¿No cree usted que el cálculo racional llevaría a algunos generales a negociar una transición para salvar ellos mismos su pellejo? ¿Cuántos de los que hoy apoyan a Maduro y su pandilla seguirían haciéndolo a sabiendas de que fueron derrotados electoralmente?

Es cierto que para generar estos escenarios hace falta organización y claridad en los objetivos que se persiguen. Los ciudadanos deben tener conciencia de cómo se llevaría a cabo el proceso para que las negociaciones no puedan ser usadas por sectores maximalistas de la misma oposición como una acusación de traición hacia los negociadores. Y, más importante aún, gente debe estar dispuesta a luchar en bloque por la restitución de la democracia y la vuelta a la libertad, sus derechos más preciados.

Las elecciones de diciembre, si bien carentes del aura transicional de una elección presidencial, son una buena oportunidad para la organización popular y la generación de conciencia en torno al poder del voto en circunstancias como la actual. Queda en manos del liderazgo político lograr convencer y motivar a los ciudadanos para que se unan a esta difícil tarea de luchar unidos para salvarnos como nación.

La jugada de la oposición frente a la Constituyente de Maduro.

Desde el año pasado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha venido cerrándole las puertas a los procesos electorales. Se negó el referéndum revocatorio y se suspendieron las elecciones de gobernadores, las cuales debían realizarse en el mes de diciembre. Estos hechos ponen de manifiesto que existe una fuerte inclinación a obstaculizar, cercenar y hasta negar la posibilidad de que los venezolanos puedan elegir a sus representantes, tal y como establece la Constitución venezolana.  

Frente a esta realidad, la oposición ha optado por convocar a los ciudadanos para que ejerzan el derecho de protesta pacífica como mecanismo de presión que obligue al CNE a hacer un llamado a elecciones. Los resultados de estas manifestaciones han sido terribles para el gobierno: pronunciamientos por parte de la comunidad internacional; división profunda de las bases del “chavismo”; se le ha comenzado a llamar “Dictadura”; hay renuencia por parte de sectores financieros internacionales para otorgar prestamos al Estado; distintas personalidades que antes eran iconos del chavismo se han pronunciado en contra de las acciones de Maduro, entre ellas, la Fiscal General de la República, quien afirmó que se había roto el hilo constitucional, y el director de orquestas, Gustavo Dudamel, quien ha llamado recientemente a detener la represión; el hijo del defensor del pueblo le pidió rectificar; militares se han negado a cumplir órdenes de arremeter contra las manifestaciones etc.

Pero todo lo anterior pareciera no importarle mucho al presidente de la República y al sector que lo acompaña en el poder, pues en lugar de reflexionar con respecto a estos acontecimientos, ha decidido impulsar una nueva arremetida.

Una esplendida jugada

En vista de que a todas luces la legitimidad del actual gobierno se encuentra altamente deteriorada, los asesores del presidente han decidido recomendarle recurrir a un mecanismo establecido en el Constitución para intentar legitimarse mientras se siguen postergando los procesos electorales. Así fue como surgió la idea de la “constituyente”. Una constituyente sectorial donde el gobierno es el que decide quienes pueden votar y quienes pueden postularse para ser elegidos como constituyentitas, es la jugada perfecta. Pero hay un problema: lo que el presidente le ha planteado al país –no podía ser de otra forma debido a que el gobierno carece de una base popular cuantitativamente amplia–  es inconstitucional.

Por qué es inconstitucional el llamado de Maduro

PRIMERO: el presidente puede -y está facultado constitucionalmente para- tomar la iniciativa de convocar a un proceso constituyente, tal y como lo establece el artículo 347 del texto constitucional. Sin embargo, no puede el presidente imponerle una nueva Constitución al pueblo, ni modificarla, sin someter a consulta la medida. Es por ello que debe recurrir al soberano, mediante la figura del referéndum consultivo, para que sea el pueblo de Venezuela, en votación universal, directa y secreta, quien decida si quiere, o no, ir a un proceso para modificar las bases constitucionales de la República.

SEGUNDO: el presidente no está facultado para ser él quien pone las reglas  del juego de forma unilateral. Esto es una atribución del poder electoral y, en todo caso, le correspondería al CNE, en su papel de árbitro, sentar las bases para un proceso de este tipo.

TERCERO: en Venezuela no existe la elección de segundo grado ni el sistema electoral es corporativista, por consiguiente, la propuesta que hace el presidente para que los diputados a la constituyente sean electos mediante votación exclusiva de algunos sectores (Consejos Comunales, Comunas, CLAP, UBCH, “trabajadores de la patria” etc.) es inconstitucional y atenta contra el principio de soberanía popular establecido en el artículo quinto del texto fundamental de la República.

CUARTO: La constituyente no puede ser un mecanismo para entorpecer los procesos electorales que están vencidos, mucho menos los que están programados para este año. Antes de ir a una Asamblea Nacional Constituyente, se debe cumplir con los procesos electorales que están en el cronograma.

A pesar de todo esto, el gobierno cuenta con elementos fácticos para imponer esta decisión: Controla al TSJ, tiene el respaldo de cierto sector de la fuerza armada (así en minúsculas), controla en alguna medida al CNE y tiene un aparato comunicacional/propagandístico de considerable tamaño y con una eficacia importante.

Qué puede hacer la oposición al respecto

Los acontecimientos de los últimos meses han puesto al descubierto el “talón de Aquiles” del gobierno. Se trata del temor evidente a la voluntad popular; el temor a medirse en elecciones. Es por ello que pretende recurrir a un proceso de elecciones en cual se restringe el derecho al sufragio a determinados sectores donde el gobierno siente que tiene el control.

Como es evidente, el gobierno no va a someter a consulta popular su propuesta. Sin embargo, la oposición sí puede someter la propuesta del gobierno a consulta popular. Veamos que establece la Constitución al respecto:

Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.

El artículo anterior es de extremo valor en este momento por lo siguiente: ya dijimos que el presidente no sometería a aprobación del pueblo su propuesta debido a que no cuenta con el apoyo popular necesario para ello. Sabemos también que la AN, según sentencia del TSJ, está en “desacato” y, por consiguiente, no se puede promover el referéndum consultivo desde la Asamblea. Sin embargo, ni el presidente, ni el CNE, ni el TSJ, pueden negarle al pueblo que organice un proceso de recolección de firmas para activar el referéndum consultivo.

Seguir derrotando moralmente al adversario.

El gobierno y sus asesores han vuelto a calcular mal con esta nueva jugada. Le acaban de dar las bases a la oposición para que convoque a una consulta popular, que de realizarse, representaría una enorme derrota para la llamada Revolución.

Pero ¿Qué pasa si el gobierno se niega a consultar a los venezolanos mediante este mecanismo? Si el gobierno se niega (bien sea porque el CNE afirma que las firmas recogidas son falsas, o porque el TSJ emite una sentencia diciendo que esto no procede) la moral del régimen seguirá desmoronándose, ya que se evidenciará más claramente la negativa del gobierno para someterse al juicio del soberano, lo cual aceleraría  mucho más el proceso de desgaste de su legitimidad hasta un punto que le será imposible gobernar. 

Por otro lado, esta acción le permitirá a la oposición seguir movilizando a los ciudadanos manteniendo viva la llama que motiva a sus seguidores. Hay que tener presente que "la calle", tal y como está planteada hasta ahora, corre el riesgo de desgastarse a medida que va pasando el tiempo. Si la callé se apaga y no se consigue más que un saldo lamentable de muertos, lo único que se habrá logrado con ella, será desmotivar a la gente.

Como vemos, en este escenario las cosas pueden complicarse bastante para el gobierno. Es por ello que, sin abandonar la protesta pacífica y otros mecanismos de presión, esta debe ser la jugada de la oposición en el marco de la estrategia para debilitar aún más al gobierno. Mientras esto se hace, hay que ir abriendo espacios de diálogo para que, de ser posible, se produzca una negociación que permita salir de la crisis de una forma menos traumática para el pueblo venezolano. El estratega militar y escritor de El Arte de la Guerra, Sun Tzu, nos dice que “Hay que dejarle salida al enemigo cercado.”Porque de lo contrario este luchará  con todas sus fuerzas y será más difícil de derrotar.

La idea es entender la actual coyuntura como un juego de estrategia en el que deben ser tomadas en cuenta todas las fichas sobre el tablero. Los regímenes autoritarios se derrumban por su incapacidad para mantener la moral de sus filas en alto y por sus bajos niveles de legitimidad, lo cual ocasiona que las fuerzas que los sostienen cambien de posición. 

Próximamente seguiremos reflexionando al respecto.

Sobre la salida de Venezuela de la OEA

“La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes.” Martin Luther King.

Vivimos en un mundo interconectado, y lo que pasa en un extremo del globo terráqueo repercute, bien sea de forma directa o indirecta, para bien o para mal, en toda la estructura internacional. Cuando un gobierno viola los derechos humanos de sus ciudadanos; cuando les niega el derecho a la libre expresión del pensamiento; cuando persigue y tortura a sus detractores; cuando les niega el alimento y las medicinas… es evidente que este gobierno es una amenaza, no solo para su propio pueblo, sino para la humanidad.

La pseudodiplomacia del régimen del presidente Nicolás Maduro comete un grave error si cree que denunciando la Carta de la OEA, va a escapar de sus obligaciones para con la comunidad internacional. Venezuela no es Cuba. El gobierno de la isla fue expulsado de la organización en 1962 porque sus bases ideológicas eran incompatibles con los principios del sistema interamericano. La Cuba de los años 60 era un país poco relevante para los intereses estratégicos de los estados del hemisferio, exceptuando Estados Unidos debido al capital estadounidense invertido por transnacionales en territorio cubano. Se pensó entonces, que el aislamiento de Cuba era un mecanismo idóneo para evitar que todo el continente se “infectara con el comunismo soviético”. Con el tiempo se demostraría que esto fue un error.

En el caso venezolano  hay muchos más intereses en juego. Se trata de un país con un potencial económico como el de ningún otro en la región: en Venezuela yacen las reservas de petróleo más grandes del mundo, reservas de uranio en cantidades considerables, coltán, oro, diamantes, agua etc.  Además es la puerta de entrada a Suramérica, lo cual quiere decir que geopolíticamente su ubicación es estratégica para el comercio, tanto a nivel caribeño, como a nivel subregional. Se trata de una economía que ronda los 330.000 millones de dólares según datos del Fondo Monetario Internacional. Es evidente que un país con estas características no puede estar aislado del mundo.

Lamentablemente, aislar a Venezuela de la comunidad internacional, es lo que pretende el gobierno. Quienes ejecutan la política exterior venezolana creen que pueden convertir al país en la North Corea del continente Americano. Se equivocan.

Un dato curioso es que ni siquiera la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, con todo su talante represivo y autoritario, consideró jamás salirse de la OEA. Guardaban las apariencias, tanto así que hasta organizaron la X Conferencia Interamericana en la ciudad de Caracas en el año 1954.

ES UNA DECISIÓN SOBERANA

El gobierno arguye que la salida de la OEA se trata de una decisión soberana, y que el motivo por el cual se retira a Venezuela de la organización intergubernamental, es debido a que el mismo es un organismo "injerencista". Pero ¿es esto cierto?

No. El concepto de soberanía no puede ser utilizado por ningún gobierno para dejar de cumplir con sus obligaciones internacionales. La idea que el gobierno pretende imponer sobre este concepto es muy parecida, sino identifica, a la visión que tenían gobiernos como el de Hitler, cuyos juristas apelaban a la soberanía alemana para justificar sus desmanes, argumentando que se trataba de decisiones soberanas.

Hoy en día es aceptado universalmente por las naciones civilizadas que la soberanía no es un concepto absoluto, y que cuando un Estado se obliga por un tratado, dicho Estado debe cumplir con lo pactado. De hecho se trata de un principio fundamental del derecho internacional conocido como "Pacta Sunt Servanda" que traducido del latín al castellano quiere decir (Lo pactado obliga). 

De lo anterior se deduce lógicamente, que no existe ningún tipo de injerencia ni de violación a la soberanía, cuando los Estados integrantes de la OEA le exigen al gobierno venezolano que cumpla con las obligaciones que contrajo al adherirse al tratado constitutivo de la organización (Carta de la OEA), o cuando recurren a la Carta Democrática Interamericana para intentar ayudar a la solución del conflicto por el cual atraviesa el país. 

CONTINUACIÓN DE LA RUPTURA DEL HILO CONSTITUCIONAL

El retiro de la OEA atenta contra el espíritu progresista de nuestra constitución y pone en evidencia el talante antidemocrático de quienes gobiernan. Esta organización es una instancia internacional que al transcurrir de los años, ha venido posicionándose como un importante espacio para la defensa de los derechos de los pueblos americanos. Se trata nada menos que de la más antigua organización internacional de carácter regional. Es también un organismo que cuenta con un sistema sumamente avanzado en materia jurídica y de DDHH. Con relación a esto último podemos decir que la pretensión del gobierno de abandonar el histórico espacio, constituye una  violación  de la Constitución Nacional en su Art. 23 el cual le da rango constitucional y considera de aplicación preferencial a aquellos  pactos,  tratados o convenios internacionales ratificados por la República en materia de derechos humanos.  Salirse de la OEA implica también la ruptura total con el ordenamiento jurídico interamericano y el rechazo a la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un terrible retroceso para nuestro pueblo. 

Se estaría violando también el artículo 153 de la Constitución, el cual establece que "La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones...", principio establecido también en el preámbulo de nuestro texto fundamental, lo cual hace de la integración regional  un rasgo fundamental del espíritu de nuestro ordenamiento jurídico.

NO DEBEMOS PERMITIRLO

Los venezolanos debemos rechazar de forma categórica, enérgica y activa, la pretensión del gobierno de aislar al pueblo venezolano en perjuicio de sus derechos fundamentales. Solo un gobierno irresponsable intenta escapar de sus obligaciones. La OEA es parte de nuestra historia diplomática, hemos dado en ella grandes batallas por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la integración.

En ella criticamos la intromisión de EEUU en Guatemala en 1954 (en plena dictadura de MPJ), promovimos la ruptura de relaciones diplomáticas con gobiernos de facto mediante la llamada “Doctrina Betancourt”, rechazamos la invasión norteamericana a República Dominicana en 1965,  Granada en 1983 y Panamá en 1989. Más recientemente, en 2009, el presidente Chávez y su canciller, Nicolás Maduro, promovieron la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la suspensión de Honduras de la organización, debido al golpe de Estado llevado a cabo en ese país contra el presidente Manuel Zelaya.

Como es evidente, el anuncio de la ministra Delcy de sacar a Venezuela de la OEA, representa un retroceso sin precedentes para el país y los derechos de sus ciudadanos. Es una decisión contraria a nuestra  tradición en materia de política exterior y representa, en ultima instancia, un entado contra el pueblo venezolano y su historia. Por eso, los venezolanos no debemos permitirlo.